El magistrado cordobés de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, juzgado en el Senado por presunta corrupción, presentó hoy una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, por supuesta «violación al debido proceso» seguido en la cámara alta.
La denuncia, conocida por EL HERALDO, va dirigida a al secretario ejecutivo de la Cidh, Emilio Álvarez, y en la referencia se lee: «Solicitud de adopción de medidas cautelares y acompañamiento y vigilancia respecto al proceso llevado a cabo al interior del Estado colombiano. Asunto Jorge Pretelt vs. Colombia».
Pide el magistrado monteriano en suma «la implementación de medidas cautelares dirigidas a evitar un daño irreparable, frente a una situación grave y urgente, por la flagrante violación al debido proceso que se quiere cometer al impedir mi defensa frente a una decisión con efectos sancionatorios en un proceso penal».
Y, concretamente, solicita Pretelt a la instancia del Sistema Interamericano «que exija al Estado colombiano que me permita presentar mi defensa en el proceso que contra mí se adelanta en el Senado de la República de Colombia, antes de que se tome la decisión respecto de la aceptación de la acusación, tal como lo ha anunciado el presidente del Senado en la sesión plenaria del día jueves 18 de agosto».
El magistrado alega una situación de «extrema gravedad y urgencia» ante la «persecución del gobierno nacional contra un funcionario de uno de los Tribunales Constitucionales más importantes del continente».
Advierte además que la decisión de la Cidh debe darse con prontitud ya que «si el proyecto de acusación es aprobado en la Plenaria del Senado, ipso facto operará la suspensión de mi cargo como Magistrado de la Corte Constitucional y perderé el fuero que me cobija».
La votación en Senado está programada para el martes 23 de agosto, después de que el pasado jueves fuera aplazada para estudiar la petición de nulidad elevada por la procuraduría y el senador instructor del caso, José Obdulio Gaviria.
De ser aceptado por la plenaria el informe que pide abrirle un juicio político al magistrado Pretelt, y remitir su caso a la Corte Suprema de Justicia por el delito de concusión, sería la primera sanción de un alto funcionario del Estado colombiano impuesta por el Congreso desde el juicio en 1957 del general Gustavo Rojas Pinilla.
Con Información de: El Heraldo
