Colombia fue sacudida este jueves por dos atentados dirigidos contra un helicóptero de la Policía y una base aérea que dejaron al menos 18 muertos y pusieron en el punto de mira del Gobierno al Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, señalada como posible autora de los ataques.
El primer ataque ocurrió en El Chispero, una zona rural de Amalfi, en el departamento de Antioquia (noroeste), donde doce policías antinarcóticos murieron al ser impactado el helicóptero en que se transportaban para una operación de erradicación de cultivos ilícitos.
Horas después en Cali, capital del departamento de Valle del Cauca (suroeste), un camión cargado con explosivos fue detonado en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, donde se forman los miembros de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), dejando seis personas muertas y 65 heridas, todas civiles que pasaban por el lugar, según el último balance de la Alcaldía.
«Colombia merece vivir en paz. Lo ocurrido hoy en Cali frente a la Base Aérea Marco Fidel Suárez es un acto cobarde y criminal que rechazamos de manera absoluta», manifestó la vicepresidenta, Francia Márquez.
La explosión dejó además una enorme destrucción en un tramo de la Carrera Octava de Cali, una transitada avenida llena de comercios en donde está situada la base contra la cual iba dirigido el atentado. Las autoridades confirmaron la detención en el lugar de un hombre que al parecer hace parte de las disidencias de las FARC.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, publicó una fotografía del capturado en Cali, de quien dijo que «es alias ‘Sebastián’ y pertenece a las estructuras del EMC, dirigidas por alias ‘Marlon’, subordinado a la Junta del Narcotráfico», un grupo del que supuestamente hacen parte varios organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
Medidas del Gobierno
Petro atribuyó el ataque contra el helicóptero policial «al llamado frente 36 del EMC» y, tras el atentado en Cali, dijo que declarará a ese grupo entre las organizaciones «terroristas» junto con la Segunda Marquetalia, también disidencia de las extintas FARC, y el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país.
Policías mueven cilindros hallados en la zona del atentado tras una explosión en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr
«He tomado una decisión: nuestras investigaciones muestran que el mal llamado Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ (el EMC) son la Junta del Narcotráfico y deben ser consideradas organizaciones terroristas perseguibles en cualquier lugar del planeta», expresó el mandatario durante un acto de entrega de tierras en la ciudad de Valledupar (norte).
El presidente, muy criticado por el aumento de la violencia en el país, se trasladó por la noche a Cali junto con la cúpula militar y policial y, según versiones de prensa, prepara un decreto para declarar el estado de conmoción interior, una medida de excepción para enfrentar perturbaciones graves del orden público que pongan en riesgo al seguridad del Estado y la convivencia ciudadana.
«Este ataque constituye una afrenta directa a la vida y la dignidad humana y una infracción clara al Derecho Internacional Humanitario, que prohíbe de manera absoluta los ataques contra civiles», manifestó la defensora del pueblo, Iris Marín.
Con respecto al ataque contra el helicóptero policial, la Defensoría señaló que Amalfi está entre los municipios de Antioquia incluidos desde 2022 en una de sus alertas tempranas «por la presencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), facciones disidentes de las FARC, el Clan del Golfo y otros grupos armados organizados vinculados a economías ilegales como el narcotráfico y el contrabando».
Rechazo a la violencia y reclamos de respuesta
Ante el deterioro de la seguridad en el país, distintos sectores políticos exigieron al Gobierno acciones contundentes contra los grupos armados ilegales.
El expresidente Iván Duque (2018-2022) señaló en su cuenta de X que «Colombia no puede permitir jamás que el terrorismo vuelva a adueñarse de su destino». «Hoy, más que nunca, se necesita la presencia de la autoridad y de un Gobierno que no sea permisivo con los violentos», agregó Duque.
Su antecesor Juan Manuel Santos (2010-2018) señaló que «es urgente implementar una política de seguridad efectiva» y añadió que las Fuerzas Armadas «necesitan liderazgo, presupuesto y apoyo».
«El terrorismo no nos va a vencer, con más fuerza y más ahínco, hago un llamado para que nos unamos y lo enfrentemos», expresó por su parte la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia también se pronunció para condenar el «ataque indiscriminado» en Cali: «Llamamos al Estado a que atienda a las víctimas y adelante las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y garantizar justicia», agregó.
Una mujer es atendida por personal medico tras una explosión en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, lamentó en un breve mensaje de X los «hechos violentos» en Colombia y expresó sus condolencias a «los familiares afectados y al pueblo colombiano en general».
Ola de violencia
El 10 de junio pasado hubo siete atentados en el Valle del Cauca, varios de ellos en Cali, y doce en el vecino departamento del Cauca que se cobraron la vida de ocho personas, entre ellos dos policías.
En esos departamentos tienen presencia las disidencias de las extintas FARC, bandas herederas del paramilitarismo y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
En total, los atentados de junio dejaron más de 40 heridos en distintos municipios de los dos departamentos y fueron atribuidos al Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC.
