El Gobierno de Estados Unidos anunció un cambio significativo en la forma en que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informa sobre los fallecimientos de personas que han estado bajo su custodia. A partir de ahora, la agencia ya no estará obligada a monitorear ni reportar las muertes que ocurran después de que un detenido haya sido liberado, una modificación que marca el fin de una política implementada durante la administración del expresidente Joe Biden.
Redacción El Político
La norma anterior establecía que ICE debía investigar y documentar no solo los fallecimientos ocurridos dentro de sus centros de detención, sino también aquellos registrados hasta 30 días después de que una persona abandonara la custodia federal. El objetivo de esta medida era ofrecer un mayor nivel de supervisión y transparencia sobre las condiciones de salud y bienestar de quienes habían permanecido detenidos.
La decisión de eliminar este requisito fue revelada inicialmente por The Washington Post, que tuvo acceso a un memorando interno enviado a los empleados de la agencia por el director interino de ICE, David Venturella. En dicho documento se informaba que la institución dejaría de realizar seguimientos e informes sobre muertes ocurridas dentro de los 30 días posteriores a la liberación de una persona detenida.
Posteriormente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó oficialmente el cambio a través de una publicación en redes sociales. Según la dependencia, una vez que una persona deja de estar bajo la responsabilidad directa de ICE, la agencia ya no tiene la obligación de supervisar lo que ocurra con ella. El DHS defendió la medida argumentando que responde a un criterio de “sentido común”, ya que considera que no resulta apropiado responsabilizar a la institución por acontecimientos que sucedan semanas después de haber concluido la custodia.
En su declaración, el departamento señaló que ICE no puede ser considerado responsable cuando una persona fallece tiempo después de haber sido liberada, razón por la cual considera innecesario mantener los procedimientos de seguimiento establecidos anteriormente.
Hasta el momento, tanto ICE como el DHS no han ofrecido explicaciones adicionales sobre cómo este cambio podría afectar los mecanismos de supervisión existentes ni sobre las razones específicas que llevaron a modificar la política.
El ICE, el talón de Aquiles de Trump
La decisión llega en un momento particularmente delicado para la administración del presidente Donald Trump, que enfrenta crecientes cuestionamientos por el número de fallecimientos registrados en centros de detención migratoria. Organizaciones defensoras de los derechos humanos, investigadores y medios de comunicación han expresado preocupación por el incremento de muertes de inmigrantes bajo custodia federal durante los últimos meses.
Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca y la puesta en marcha de una amplia estrategia para reforzar el control migratorio, cerca de 50 personas detenidas por ICE han fallecido mientras se encontraban bajo custodia. De ese total, al menos 18 muertes se han producido durante el presente año, lo que ha intensificado el debate sobre las condiciones de detención y la calidad de la atención médica disponible para los migrantes.
Diversos estudios también han puesto el foco en esta problemática. Una investigación publicada recientemente en la revista médica Journal of the American Medical Association (JAMA) concluyó que 2025 registró el mayor número de muertes bajo custodia migratoria en las últimas dos décadas. Además, las tendencias observadas durante 2026 sugieren que la cifra podría superar incluso los niveles alcanzados el año anterior.
Los cuestionamientos también se han extendido a la falta de transparencia en torno al funcionamiento de los centros de detención. De acuerdo con diversos reportes, el Departamento de Seguridad Nacional y las empresas privadas encargadas de administrar parte de estas instalaciones han sido reacios a divulgar información relacionada con la atención sanitaria que reciben los detenidos. Entre los datos que habitualmente no se hacen públicos figuran aspectos como la cantidad de médicos, enfermeros y demás personal sanitario disponible en los centros.
A pesar de las críticas, el DHS aseguró que el cambio de política no implica una reducción de la transparencia respecto a los fallecimientos ocurridos mientras una persona permanece detenida. Según el departamento, ICE continuará informando públicamente sobre las muertes registradas bajo su custodia y mantendrá los protocolos establecidos para garantizar que esos casos sean comunicados de manera oportuna y sometidos a los procedimientos de revisión correspondientes.
