El Partido Popular (PP) incluirá en los nuevos Estatutos la posibilidad de rehabilitar políticamente a quienes hayan sido apartados de sus cargos por presunta corrupción, si después se demuestra que son inocentes. El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maíllo, responsable de la Ponencia Política y de Estatutos, ha aceptado una emienda del portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Carlos Rojas, que plantea regular esta actuación. La propuesta, bautizada como «rehabilitación reputacional», cuenta con el respaldo del PP de Granada, que es la provincia de Rojas y donde fue cabeza de lista en las últimas elecciones.
La enmienda que se ha asumido plantea que si «por resolución judicial firme» se demuestra la «inocencia» de un cargo público que haya abandonado sus funciones debido a una «acusación injusta», el partido, a través del Comité Ejecutivo de su respectivo ámbito territorial, «informará a la opinión pública de su inocencia y promoverá su rehabilitación reputacional» para el servicio público. Además, se le devolverá de manera inmediata su condición de afiliado del PP, con la posibilidad de volver a la vida orgánica del partido y a participar en los procesos electorales, si así lo deciden los órganos competentes.
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En la justificación de esta propuesta se alude al derecho de todos los españoles a la presunción de inocencia recogido en la Constitución pero también a la existencia de acusaciones injustas, que consiguen acabar con carreras políticas y dañan «su trayectoria y su honor». «Cerca de 200 servidores públicos del PP, declarados inocentes, no han regresado al servicio público por causa de un estigma injusto que ha sido debido en la mayoría de las ocasiones a denuncias de otras formaciones políticas, en un abuso del derecho en clave de judicialización de la política», sostiene Rojas y el PP de Granada.
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Por todo ello se pedía un mecanismo que obligue al partido a la rehabilitación de estas personas. En estos momentos los Estatutos sólo contemplan que los afiliados inhabilitados por cualquier causa puedan recobrar de manera automática la militancia, una vez concluido el plazo de la sanción. En caso de expulsión, es necesario que transcurran 6 años para solicitar de nuevo el ingreso, aunque este tiempo puede reducirse con la debida justificación. Esta normativa sólo regula la reparación orgánica. Ahora, tras aceptarse la enmienda del PP de Granada, se avanza hacia la rehabilitación política, con el compromiso de promoverla y de que sea conocida socialmente.
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No obstante en la ponencia se mantiene la apertura de juicio oral como el momento en que alguien acusado de corrupción puede ser apartado del cargo, aunque la dirección se reserva el derecho de actuar antes en función de la gravedad o de la alarma social. Esto supone que no se ha introducido ningún cambio tras el debate interno abierto por el repentino fallecimiento de Rita Barberá sobre si se actuó justamente al obligarla a dejar la militancia y su escaño en el PP. El partido apartará a los cargos que considere en función de las circunstancias pero los rehabilitará si son absueltos.
Con información de El País
