La elección de jueces que se vivió en México este 1 de junio ha dejado al país con una mezcla de incertidumbre y preocupación.
Lo que se anunció como un ejercicio democrático inédito terminó marcado por la baja participación y el fantasma de la corrupción. Apenas uno de cada ocho ciudadanos acudió a las urnas, y muchos admitieron no conocer a los candidatos ni entender bien el proceso. La apatía y el escepticismo fueron protagonistas de la jornada.
Pero lo que más ha encendido las alarmas es el perfil de algunos aspirantes. Organizaciones civiles, como Defensorxs, señalaron a cerca de 20 candidatos “de alto riesgo”, entre ellos Silvia Delgado, conocida por haber sido abogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Aunque Delgado no tiene cuentas pendientes con la justicia, su cercanía con figuras del crimen organizado despierta inquietudes sobre la independencia de quienes ahora podrían impartir justicia.
No es el único caso que genera controversia. También hubo candidatos con denuncias de acoso, antecedentes penales o vínculos políticos, lo que hace temer que la puerta esté abierta para que intereses ajenos a la justicia influyan en las decisiones de los tribunales.
Expertos y observadores internacionales no han tardado en advertir que este tipo de procesos, lejos de blindar al Poder Judicial, podrían hacerlo más vulnerable a la presión de grupos criminales o políticos.
Mientras tanto, la mayoría de los mexicanos observa con desconfianza. Muchos sienten que la elección no resolvió los problemas de fondo y que, en vez de acercar la justicia a la gente, la ha dejado más expuesta a los mismos vicios de siempre.
En las calles y en las redes sociales, el tema sigue generando debate y preocupación. El reto ahora será demostrar, con hechos y transparencia, que la justicia en México puede renovarse sin perder su independencia. Por lo pronto, la sombra de la corrupción sigue ahí, recordando que la confianza en las instituciones no se gana en una sola elección.
