Según una investigación publicada por The Objective, la trama vinculada al caso Plus Ultra habría destinado decenas de miles de euros para eliminar de Internet contenidos que relacionaban a determinados empresarios y personas de su entorno con el rescate público de la aerolínea, como el personaje más relevante: el ex presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero.
Redacción El Político
De acuerdo con el medio, los investigadores analizan conversaciones atribuidas al empresario peruano Felipe Baca, considerado una figura relevante dentro de una presunta red internacional que estaría siendo investigada por posibles operaciones de blanqueo de capitales. En esos intercambios se mencionan pagos de 60.000 euros destinados a reducir o eliminar contenidos publicados en Internet que relacionaban a determinadas personas con el rescate de Plus Ultra.
La documentación citada por The Objective indica que la estrategia no solo habría buscado mejorar la reputación de los implicados, sino también evitar dificultades para abrir cuentas bancarias o realizar operaciones financieras internacionales. Las autoridades francesas habrían descrito estas acciones como una operación para «limpiar» el rastro digital relacionado con la aerolínea y algunos de los nombres vinculados al caso.
Otro aspecto relevante es que, según el medio, estas actuaciones ocurrieron antes de que el nombre del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero apareciera públicamente asociado a las investigaciones. Posteriormente, las pesquisas se ampliaron y el juez de la Audiencia Nacional en España, José Luis Calama, abrió diligencias para investigar una supuesta estructura de influencia relacionada con el rescate de Plus Ultra.
Por otro lado, también se sostiene que los investigadores están examinando posibles conexiones entre esta red y operaciones vinculadas a recursos venezolanos, incluyendo transacciones relacionadas con oro, petróleo y fondos de los programas de abastecimiento conocidos como CLAP. Estas líneas de investigación se apoyan en comunicaciones interceptadas y documentación obtenida mediante cooperación judicial internacional.
Además, la publicación señala que los investigadores analizan movimientos de dinero, entregas de efectivo y contactos entre empresarios, abogados y personas cercanas a figuras políticas españolas.
Hasta el momento, las acusaciones recogidas en la investigación permanecen en fase judicial. Será la justicia española la que determine, tras el desarrollo del proceso, si existen responsabilidades penales y de qué alcance son.
