París |
El Gobierno socialista francés anunció ayer que impondrá su polémico proyecto de reforma laboral sin someterlo a una votación en el parlamento pese a la movilización social en el país, que ayer vivió su duodécima jornada de protestas.
Enfrentado a una revuelta en sus propias filas, el Gobierno socialista francés anunció que hará uso del artículo 49-3 de la Constitución, que permite obtener la adopción del texto sin el voto de los diputados, tal como ya lo hiciera en la primera lectura del proyecto.
«Este país está demasiado acostumbrado al desempleo masivo», dijo Valls ante la Asamblea Nacional, aseverando que está actuando en favor del «interés general» de Francia, y desmintiendo que haya ninguna «intransigencia» en su modo de actuar.
Valls hizo valer que se han añadido más de 800 enmiendas al proyecto inicial al término de un «debate de calidad», y lamentó que «una alianza de la inmovilidad» haya frenado el ánimo reformista del Gobierno.
Horas antes, una fuente de un partido político ya había indicado a la AFP que el Gobierno socialista había decidido recurrir de nuevo al artículo 49-3 de la Constitución para imponer la reforma.
Este mecanismo establece que para, oponerse a la adopción de la ley la cámara de diputados, debe censurar al Gobierno, lo que acarrearía su renuncia.
El diputado comunista del Frente de Izquierda, André Chassaigne, lanzó un llamado a los diputados socialistas y ecologistas que están contra el proyecto a presentar una moción de censura de izquierda contra el Gobierno.
Para iniciar un proceso de censura, los parlamentarios deben reunir 58 firmantes, pero la oposición de derecha ya anunció que no se sumará a ningún proceso.
Si la moción de censura no prospera, el proyecto pasará a una segunda lectura en el Senado antes de ser adoptada de manera definitiva en la asamblea el 22 de julio.
Con Información de: La Prensa
