Gas Natural Fenosa solicitó este el inicio del procedimiento arbitral ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi), para reclamar a Colombia la devolución de su filial Electricaribe o una indemnización de más de 1.000 millones de dólares.
En un principio, la multinacional pretendía que el arbitraje internacional por este contencioso quedara en manos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo que depende del Banco Mundial. Pero finalmente se ha decantado por este otro ente de Naciones Unidas, un órgano jurídico de composición universal dedicado desde hace más de 40 años a la armonización de la legislación mercantil en todo el mundo.
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La compañía española explicó que pedirá en este procedimiento que el Gobierno colombiano le devuelva Electricaribe «en un marco regulatorio viable» y, en su defecto, que le compense por un importe superior a los 1.000 millones de dólares (unos 926 millones de euros).
En la documentación presentada para solicitar el arbitraje, Gas Natural Fenosa argumenta «ausencia de trato equitativo y de seguridad jurídica en la actividad regulada en los últimos años» en Colombia y considera que la toma de posesión de Electricaribe «constituye una expropiación sin indemnización».
También carga contra «el hostigamiento» que, en su opinión, realizó el Gobierno de Colombia «sobre un inversor internacional y las personas a su servicio», mientras alega que ha intentado resolver por la vía amistosa sus diferencias con el Estado.
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Hace una semana, el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, José Miguel Mendoza, ordenó la liquidación de Electricaribe, debido a que la compañía no está en condiciones de prestar el servicio de energía con la calidad y continuidad que se requieren. La Superintendencia dispuso comenzar inmediatamente con las labores necesarias para encontrar un operador que asuma la prestación del servicio de energía en la Costa Caribe.
“Con la necesaria intervención de Electricaribe no solo se evitó un racionamiento generalizado de energía en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, sino que, además, se estabilizaron las finanzas de la compañía con miras a mantener la prestación del servicio a su cargo”, informó la Superservicios en comunicado de prensa.
Mendoza añadió que el Estado colombiano se defenderá de cualquier demanda presentada ante instancias nacionales o extranjeras.
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También dijo que el país no puede cambiar su regulación para ajustarla a las demandas o exigencias de cualquier inversionista que esté en el país. Además, rechazó que los españoles hablen de que hubo «expropiación».
«La intervención es una figura reconocida internacionalmente», dijo. «Quisiera dejar claro que aquí no ha habido expropiación de ninguna índole».
«Estamos tranquilos con la decisión de intervenir y liquidar a la compañía porque todo se hizo con argumentos técnicos, con estudios bastante serios. En segundo lugar, el Estado colombiano no puede dejar de cumplir la ley, especialmente la ley de servicios públicos, ante la amenaza de demanda», añadió.
Con información de EFE y El Tiempo de Colombia
