El despliegue de fuerzas militares estadounidenses en los límites marítimos de Venezuela —que incluye tres destructores, aviones de combate, submarinos y 4.000 marines, como parte de una operación contra el narcotráfico— fortalece los argumentos de miles de inmigrantes que expresaron miedo de volver a sus países por razones de seguridad.
“Estas acciones del Gobierno de Estados Unidos son evidencia que puede agregarse a los expedientes de asilo para demostrar el miedo bien fundamentado de regresar a los países donde estos carteles operan y se han apoderado de ciertas regiones; por ejemplo, en México, Venezuela o zonas de Colombia, donde existen áreas controladas por las guerrillas y los carteles. Los migrantes tienen que buscar esta información y agregarla a sus casos de asilo”, expresó John De la Vega, abogado experto en asuntos migratorios, en un video publicado por la organización Venezuelans and Immigrants Aid.
Históricamente, la democracia estadounidense ha ofrecido asilo a miles de extranjeros que fueron perseguidos por su nacionalidad, raza, religión, opiniones políticas o pertenencia a un grupo social. Este podía ser solicitado en la frontera o estando dentro del territorio, como es el caso de los miles de migrantes que llegaron con permisos temporales como el estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés), o parole humanitario. Después de que la Administración Trump cancelara ambos programas, los migrantes han tenido que recurrir solamente al asilo. El problema es que Washington también está arremetiendo contra él y eliminarlo o reducirlo a su mínima expresión es parte de su ofensiva.
La última maniobra ha sido instar a los jueces de inmigración (que no dependen del Poder Judicial sino del Ejecutivo) a desestimar los casos a un ritmo récord. Datos del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, confirman que solo en el mes de marzo el 76% de las solicitudes fueron rechazadas.
El Departamento de Justicia continuó la escalada en junio con el envío de un memorando a los magistrados para que aceptaran con celeridad las peticiones de desestimación que presenten los abogados del Departamento de Seguridad Nacional de forma oral. Firmado por la directora interina de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), Sirce Owen, el escrito describe los “nuevos estándares legales” que los faculta a revisar y rechazar casos de asilo “legalmente insuficientes”.
“Las decisiones orales deben completarse dentro del mismo espacio de audiencia el día en que concluyen los testimonios y los argumentos”, expresa el memorando, que también indica a los jueces que “no se requiere documentación o información adicional” para conceder las desestimaciones. Si el caso de asilo es rechazado, el extranjero queda a expensas de una deportación acelerada por parte de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), como en efecto ha ocurrido estos últimos meses tras los arrestos de cientos de migrantes en los pasillos o exteriores de los tribunales de inmigración de todo el país.
La Administración Trump justifica sus acciones culpando a su predecesor, Joe Biden, de permitir solicitudes de asilo por motivos ajenos a los que establece este mecanismo. A principios de este año, 3.687.750 casos activos de inmigración seguían pendientes de resolución, según cifras del Centro de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC).
