Tras casi dos años de disputas legales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renunció a su iniciativa de agregar la pregunta ¿Es usted ciudadano estadounidense? en el censo de 2020, el pasado mes de julio y ahora debe pagar hasta 12 millones de dólares a sus demandantes en Maryland
El Político
La administración de Trump ya acordó pagar 2.7 millones de dólares a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en Inglés) y a otros grupos de demandantes por el ligio sobre la pregunta de la ciudadanía, en el tribunal federal de Manhattan, según una copia del acuerdo obtenido por BuzzFeed News
Esto es posible gracias a que la ley federal permitió a los opositores el derecho a exigir que el gobierno, como la parte perdedora, cubra sus cuentas legales.
La cuenta del gobierno sólo va a aumentar. El jueves a última hora, los demandantes en dos casos en Maryland exigieron 7 y 4 millones de dólares, en honorarios de abogados y otros gastos legales, respectivamente.
Los abogados en esos casos le dijeron al tribunal que están en negociaciones para llegar a un acuerdo con el gobierno, lo que significa que las sumas finales podrían ser más bajas si las dos partes llegan a un consenso, pero que han presentado todas sus demandas para que conste en acta en caso de que esas conversaciones fracasen.
En California, el gobierno del estado y otros opositores han pedido más de 100.000 dólares para reembolsar ciertos costos legales hasta ahora, y sus solicitudes de honorarios de abogados y otros gastos se vencen a principios de septiembre.
Bajo la Ley de Igualdad de Acceso a la Justicia, aprobada por el Congreso en 1980, los partidos que ganan demandas civiles contra el gobierno federal pueden recuperar al menos parte del dinero que gastan en abogados y otros gastos legales; los grupos o individuos que acudieron a los tribunales con representación legal pro bono también pueden solicitar honorarios para reembolsar los pagos que realizaron a sus abogados.
La ley generalmente limita las tarifas que los abogados pueden reclamar por hora. Originalmente, el arancel estaba en 125 dólares la hora, pero permitió ajustes por el crecimiento de la inflación, por lo que la tarifa actual es de aproximadamente 200 dólares la hora. Sin embargo, en las multimillonarias solicitudes de honorarios presentadas en Maryland, esta semana, los abogados de los ganadores argumentaron que deberían tener derecho a tarifas de mercado más altas porque la administración Trump había actuado de «mala fe» en la búsqueda cuando pretendía incluir la pregunta sobre la ciudadanía.
Entre los dos casos, los abogados dijeron que habían realizado más de 10.000 horas de trabajo, lo que quiere decir que sus pagos serán muy altos.
El Congreso aprobó la ley de cambio de tarifas porque quería alentar a la gente a acudir a los tribunales para hacer cumplir sus políticas y para impugnar las acciones ilegales o inconstitucionales de las agencias federales, dijo Brian Wolfman, profesor de derecho del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown y experto en la Ley de Igualdad de Acceso a la Justicia, quien agregó que los legisladores también querían asegurarse de que los demandantes que ganen sean cubiertos financieramente.
«Si un empleado tuviera que gastar 100.000 dólares para hacer valer sus derechos laborales que terminaron valiendo 100.000 dólares, nadie en su sano juicio iniciaría ese litigio», dijo Wolfman. Agregó que lo mismo se aplica a las organizaciones sin fines de lucro: «No pueden perseguir todos los litigios que el Congreso quiere que persigan si van a perder dinero al hacerlo.»
En los casos del censo, los jueces federales de Nueva York, Maryland y California se pusieron del lado de los contendientes y bloquearon la adición de una pregunta sobre la ciudadanía al formulario que se aplicará en 2020.
El Departamento de Justicia llevó la pelea a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Inicialmente, el tribunal emitió una opinión dividida en junio. Pues encontró que aunque la pregunta sobre la ciudadanía no era inconstitucional en sí misma, la razón que la administración Trump dio para hacerlo (hacer cumplir los derechos de voto), no se alineaba con la evidencia, lo cual era un problema bajo la Ley de Procedimiento Administrativo federal.
De modo que, la mayoría de los jueces dictaminaron que la administración no podía añadir la pregunta al formulario 2020 basándose en el registro actual.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, junto con el ala más liberal de la corte, escribió en la decisión de la mayoría que la razón declarada por la administración era «inventada», término que los abogados en los casos de Maryland citaron en los archivos de la corte del este jueves 15 de agosto, al para pedir tarifas más altas.
La decisión del Tribunal Supremo devolvió los casos a los tribunales de distrito. A principios de julio, parecía que la administración no presionaría la lucha y trataría de encontrar una nueva justificación para añadir la pregunta que ellos pensaban que podría sobrevivir a otra ronda de litigios.
Hasta que el pasado 11 de julio, Trump apareció en el Rose Garden con el Secretario del Departamento de Justicia como el Secretario de Comercio, Wilbur Ross y el Procurador General Bill Barr, para anunciar que abandonarían sus esfuerzos para incluir la pregunta en el censo de 2020.
El mandatario aseguró que el tomaría mucho tiempo pasar por más litigios, y dijo que la administración en su lugar recolectaría datos de ciudadanía de agencias federales, una opción que inicialmente la Oficina del Censo había recomendado a Ross.
Fuente: BuzzfeedNews
