Desde este miércoles, abortar es legal en todo México. De manera unánime, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) despenalizó la interrupción del embarazo a nivel federal.
El Político
Aunque aplaudida por movimientos feministas, la decisión supone una obligatoriedad para las instituciones que dependen del Estado.
En tal sentido, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y empresas como Petróleos Mexicanos (Pémex) deberán garantizar, a sus afiliados o trabajadores, la práctica de abortos gratuitos.
En su sentencia, la SCJN indica que penalizar el aborto resulta “inconstitucional”. De acuerdo con los magistrados que integran el tribunal, hacerlo “viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar”.
El dictamen también ordena no criminalizar y, por tanto, no procesar a los médicos que participen en interrupciones de los embarazos.
Para acatar el mandato del poder Judicial, el Estado mexicano y, sobre todo, su Legislativo, tendrán que modificar el Código Penal Federal.
Esa norma castiga con hasta tres años de cárcel a los que “hagan abortar a una mujer”, aunque ello ocurra con su consentimiento.
En su articulado, el Código también establece hasta cinco años de inhabilitación para los profesionales de la salud que practican abortos.
Hace dos años, la justicia de México dio los primeros pasos para despenalizar el aborto.
En 2021, la Suprema Corte decidió que ninguna mujer podía ir a la cárcel por haber interrumpido su embarazo.
Luego de aquel fallo, los jueces de tribunales penales se vieron obligados a desechar casos de aborto, luego de que llegaban a sus manos.
