Los suizos se pronunciarán este domingo en un referéndum sobre una nueva ley para los servicios de inteligencia, que prevé que los actuales «James Bond» helvéticos puedan realizar escuchas telefónicas, vigilar los envíos postales o las comunicaciones por internet.
Hasta ahora, los servicios secretos suizos sólo tienen derecho a recabar informaciones de dominio público o si están disponibles a través de otras autoridades.
La nueva ley, que podría ser aceptada por entre el 53% y el 58% de los suizos, según los últimos sondeos, prevé permitir a los servicios de inteligencia, si la gravedad de una amenaza lo justifica, escuchar, grabar y analizar las actividades y comunicaciones privadas telefónicas y por internet.
Los servicios secretos suizos también podrán interceptar todas las comunicaciones internacionales que transiten por Suiza a través de una red cableada.
Estas medidas estarán sometidas a controles políticos y del Tribunal Administrativo Federal.
«Con esta ley, salimos de la bodega y subimos a la planta baja, en comparación con el panorama internacional», explicó el ministro de Defensa suizo, Guy Parmelin.
Sin embargo, nadie se plantea establecer una vigilancia masiva, subrayó. Para las autoridades, el objetivo es vigilar preventivamente a los individuos más peligrosos, en particular, en materia de terrorismo.
Tales medidas de vigilancia sólo serán necesarias en una decena de casos al año, según Berna.
La ley fue votada por el Parlamento en 2015 pero una alianza del Partido Socialista, los Verdes y organizaciones como el Partido Pirata lanzaron el referéndum, temiendo el nacimiento de un «Estado fisgón», casi 30 años después del «escándalo de las fichas».
En 1989, los suizos descubrieron con estupor que 900.000 de ellos estaban fichados por la Policía según sus opiniones políticas, sindicales y otros datos.
Tras este escándalo, las actividades de registro de la policía fueron reducidas, se reforzó la normativa al respecto y se incrementó su transparencia.
Para la organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional, la nueva ley permitirá «medidas de vigilancia desproporcionadas».
La oenegé explica que «los metadatos (qué, cuándo, dónde o con quién nos comunicamos) de todas las personas en Suiza ya se conservan durante seis meses» y que «en caso de sospecha o infracción, la policía puede consultar estos datos».
En Ginebra, el politólogo Pascal Sciarini declaró que «la razón principal del apoyo se debe, al parecer, al clima de inseguridad, por un lado, tras los atentados terroristas (París, Bruselas…) y, por otro, a una necesidad de protección contra las amenazas ligadas al cibercrimen».
¿Subir las pensiones?
En cambio, los suizos podrían rechazar este domingo, según los sondeos, una iniciativa popular que pide una subida del 10% de una pensión destinada a cubrir las necesidades vitales de los jubilados.
El gobierno se opone, pues esto supondría una carga de unos 4.000 millones de francos suizos (3.600 millones de euros) en 2018.
Por otro lado, los suizos parecen estar empatados respecto a la iniciativa «Por una economía sostenible y con fundamento», que pide a las autoridades que trabajen para que la economía suiza utilice los recursos naturales con moderación.
La iniciativa busca reducir antes de 2050 el consumo de recursos naturales por parte de los suizos a un nivel que, extrapolado a la población mundial, no superaría el equivalente de un planeta, contra los aproximadamente tres planetas de la actualidad.
El Gobierno considera el proyecto «demasiado ambicioso».
Con Información de: Emol
