El Parlamento Europeo ha consolidado una de sus políticas fronterizas más severas. Esto tras aprobar un marco legal que asimila sus procedimientos de control a los rigurosos esquemas de seguridad aplicados en territorio estadounidense.
Redacción El Político
En una tensa sesión plenaria celebrada en Estrasburgo, el Parlamento Europeo aprobó el 18 de junio de manera definitiva el polémico Reglamento Europeo de Retorno. Una reforma estructural diseñada para agilizar y endurecer la expulsión de personas indocumentadas.
Tras intensos debates políticos, la votación se saldó con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones. Lo que evidencia una profunda fractura continental en la que naciones como España manifestaron su rechazo.
La adopción de esta medida ahora espera la ratificación formal del Consejo para su publicación oficial. No obstante, marca el triunfo de una narrativa de seguridad impulsada por los bloques conservadores y de derecha radical, transformando la gestión migratoria en el Viejo Continente.
BREAKING: The European Union has just PASSED a measure to surge mass deportations across the region — its officially law of the EU
LFG! WAKE UP and take your countries back, don’t slow down and keep pushing!
President Trump has been clear: NO MORE 3rd world mass… https://t.co/j4idXuLm9R pic.twitter.com/iCEVOspGif
— Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 17, 2026
Detenciones prolongadas y los «Guantánamos europeos»
Bajo este nuevo criterio, cualquier ciudadano proveniente de estas naciones que vea denegada su solicitud de asilo en suelo europeo será deportado de forma expedita.
Diversos juristas y eurodiputados advirtieron que esta medida contraviene directamente las disposiciones de la Convención de Ginebra. Al suponer un atentado claro contra los derechos de las personas en movimiento al despojar a los Estados miembros de sus responsabilidades de protección y empujar a miles de refugiados a un limbo jurídico absoluto bajo el control de gobiernos extranjeros.
El nuevo reglamento introduce obligaciones sumamente estrictas para los extranjeros con órdenes de expulsión. Además, autoriza la extensión de los plazos de detención migratoria hasta los 24 meses, una cifra que puede elevarse a 30 meses en situaciones excepcionales.
No obstante, el aspecto más controvertido de la ley es la autorización para edificar y operar los denominados centros de retorno en territorios ubicados fuera de las fronteras de la Unión Europea.
Estas infraestructuras fueron catalogadas de inmediato por organizaciones civiles y legisladores de izquierda como una suerte de ‘Guantánamos europeos’. Estas servirán para confinar a los migrantes mientras se tramitan sus expulsiones, bajo legislaciones de gobiernos extranjeros y sin mecanismos reales de supervisión humanitaria por parte de la comunidad europea.
El modelo del «Tercer País Seguro» llega a Europa
El núcleo operativo de la nueva legislación se fundamenta en la externalización de las fronteras, replicando dinámicas similares a los convenios de Tercer País Seguro que Washington ha explorado en el hemisferio occidental.
A partir de la entrada en vigor de estas normativas, la Unión Europea comenzará a considerar como naciones seguras a siete territorios. Los cuales previamente estaban excluidos por deficiencias institucionales o de derechos humanos: Bangladesh, Colombia, Egipto, Kosovo, India, Marruecos y Túnez.
Bajo este nuevo criterio, cualquier ciudadano proveniente de estas naciones que vea denegada su solicitud de asilo en suelo europeo será deportado de forma expedita a su país de origen.
Legisladores del bloque de Los Verdes advirtieron que este mecanismo despoja a los Estados miembros de sus responsabilidades de protección y empuja a miles de personas vulnerables a un limbo jurídico absoluto y a condiciones de internamiento indefinido sumamente peligrosas.
