Tan solo dos meses después de haber revalidado La Moncloa, el gran desafío de Mariano Rajoy no es otro que gobernar y proteger su legado de la anterior legislatura. El reto es diario. Ley a ley. Y es que 2017 arranca para el Gobierno popular con una inusitada paradoja. Tiene enfrente al PSOE más débil de su historia, pero con una capacidad legislativa mayor que la del propio Ejecutivo, gracias a las alianzas que pueden tejerse en el Congreso de los Diputados. Es la consecuencia directa más enrevesada del nuevo escenario multipartidista.
Un total de doce proposiciones de ley registradas por el PSOE esperan su turno para ser debatidas en el Pleno del Congreso en el nuevo periodo de sesiones que comenzará en febrero. Afectan a prácticamente todos los ámbitos y buscan revertir las reformas populares estrella en políticas troncales como la seguridad, la sanidad o la justicia. Se incluyen en este bloque la proposición para la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, la universalización de la asistencia sanitaria pública, la reforma de la justicia universal o la reforma del Régimen Electoral General.
Objetivo: la reforma laboral
También serán debatidas las reformas del voto de los españoles residentes en el exterior, de las penas a los piquetes en caso de huelga, de la Ley de RTVE o del indulto entre otras (ver despiece arriba). A esta batería hay que sumar las otras 21 registradas por el resto de grupos de las que, probablemente, varias saldrán adelante, según fuentes parlamentarias.
Y tan importantes como las proposiciones de ley que ya se encuentran presentadas son aquellas que se encuentran en fase de redacción. La más importante de todas ellas, la derogación de la reforma laboral. Los socialistas tienen intención de centrar gran parte de su actividad parlamentaria del próximo semestre en ir echando abajo, punto por punto, el núcleo de la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Rajoy en su primera legislatura. La iniciativa para la mejora de las condiciones de los trabajadores subcontratados es solo el inicio de un camino que los socialistas recorren de la mano de los agentes sociales y con el apoyo seguro de Podemos y los grupos nacionalistas.
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En gestación se encuentra ya una proposición de ley para recuperar la negociación colectiva y devolver la primacía a los convenios de sector por encima de los acuerdos de empresa, la reforma de la contratación parcial o la recuperación de la cobertura para los desempleados y subsidios para los mayores de 52 años.
A esta nueva ofensiva que acompañará al inicio del año hay que sumar los frutos conseguidos por los grupos en las últimas ocho últimas semanas. Y es que esa inédita capacidad de la oposición para legislar se ha materializado en forma de cuatro proposiciones de ley que se encuentran en fase de enmiendas en el Congreso, o en breve entrarán en ella. Ninguna es menor. Son la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para retirar su capacidad de inhabilitar a cargos públicos, la desclasificación de los secretos oficiales, la subida del salario mínimo hasta 2020 y la modificación del Estatuto de los Trabajadores para igualar las condiciones de los trabajadores subcontratados. Son especialmente reveladoras del grado de debilidad del Gobierno la reforma de las atribuciones del TC por entroncar con el desafío independentista catalán, y la modificación de las subcontrataciones por afectar de lleno a la reforma laboral del PP.
El PSOE solo ha promovido uno de estos cuatro textos -éste último precisamente-, pero su apoyo ha sido decisivo para la aprobación de todos ellos. Además de esta batería de proposiciones de ley, se encuentra también en fase de enmiendas el texto para la suspensión del calendario de implantación de la LOMCE, aunque en este caso el Gobierno ya ha accedido a negociar con los grupos una nueva ley.
Estrategia de dilación
Pocas son las armas que tiene el Ejecutivo ante esta ofensiva. La principal, alargar la tramitación de los textos en el Congreso de los Diputados lo máximo posible con el objetivo de buscar un acuerdo que no desnaturalice la esencia de los mismos.
El veto por razones presupuestarias o la petición de prórrogas en los plazos de enmiendas son algunas de las herramientas que puede usar el Ejecutivo para ganar tiempo, pero con esta estrategia no logra repeler el ataque de la oposición; solo posponerlo. Si una tramitación habitual puede conllevar de media unos seis meses, los populares pueden dilatarla hasta unos nueve meses pero poco más allá, según calculan fuentes parlamentarias.
La mayoría absoluta que el PP ejerce en el Senado tampoco le sirve como escudo ya que incluso con su capacidad de veto, solo puede retener las iniciativas del Congreso durante dos meses. Todo apunta así a que 2017 será el año en que, por primera vez desde que comenzó la democracia española, un Gobierno asistirá impotente a la demolición de sus propias leyes.
Con información de: ABC
