Organizaciones no gubernamentales en Venezuela denunciaron que aún se desconoce el paradero del periodista Rory Branker, quien este domingo cumple dos meses detenido, por lo que exigen a las autoridades información sobre el lugar donde se encuentra recluido, así como su libertad.
La ONG Espacio Público recordó, a través de X, que el reportero del medio digital venezolano La Patilla fue detenido en Caracas el 20 de febrero pasado, cuando -señaló- agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) lo «interceptaron» cuando «iba en su vehículo», poco después de salir de su residencia.
La organización, que califica de «arbitraria» la detención, aseguró que, «dos meses después, se desconoce dónde está».
Por su parte, Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) aseguró que su arresto «se realizó sin justificación legal clara ni respeto al debido proceso» y que, desde entonces, «no se ha proporcionado información oficial sobre su ubicación ni sobre sus condiciones de detención».
«Esta situación constituye una grave violación de sus derechos humanos. Su madre, Cheryl Ann Branker, está pasando momentos de angustia al no saber dónde está su hijo», señaló esta ONG.
Asimismo, exigió al Estado informar, de «manera inmediata y transparente, sobre el paradero y situación» del periodista, así como garantizar «su integridad física, el acceso a su defensa legal y el contacto con sus seres queridos».
«Reiteramos el pedido por la liberación inmediata de todos los periodistas y presos políticos injustamente encarcelados», agregó JEP.
El gremio periodístico también alza la voz
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) computa 15 periodistas y reporteros detenidos en Venezuela, 11 de ellos en el contexto de crisis desatada tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el organismo comicial -controlado por rectores afines al chavismo-, lo que fue denunciado como «fraude» por la oposición mayoritaria.
Según el SNTP, esas 15 personas, algunas también activistas políticos, son «perseguidas en función de su oficio y por su manera de pensar», por lo que pide su liberación y el cese de «la criminalización y el uso de leyes penales para silenciar».
El martes, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) afirmó que Venezuela se ha convertido en «un lugar hostil» para los trabajadores de la prensa.
