La principal cúpula patronal de Nicaragua consideró hoy que la destitución de la mayoría de los diputados opositores, este viernes, debilita la democracia representativa, el pluralismo político y la división de poderes.
«(…) resulta imperioso y urgente que nos propongamos y dispongamos a la brevedad a establecer las condiciones mínimas para fortalecer la institucionalidad democrática de nuestro país», instó el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) en una declaración pública.
La patronal indicó que es responsabilidad del partido de gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y los demás partidos, «adoptar decisiones que garanticen la estabilidad política, económica y social del país».
La Junta Directiva de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, controlada por el sandinismo, acordó este viernes destituir a 28 diputados opositores, entre propietarios y suplentes, pese a que se habían declarado independientes para tratar de evitarlo.
Los legisladores, entre ellos el coordinador de la principal coalición opositora Eduardo Montealegre, fueron destituidos de sus escaños por una resolución del Consejo Supremo Electoral (CSE), que fue acatada este viernes por la directiva legislativa.
Los 28 diputados, 16 de ellos propietarios y 12 suplentes, pertenecían al Partido Liberal Independiente (PLI) hasta hace casi dos meses, cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) quitó la representación legal de este partido a Montealegre y se la dio a Pedro Reyes, considerado por la oposición un colaboracionista del Gobierno y cuya actividad política era casi nula.
Reyes reclamó la destitución de los diputados que conformaban el PLI ante el Poder Electoral porque estos no reconocieron su liderazgo como nuevo representante legal del partido, de acuerdo con la resolución.
Tanto el Poder Electoral como la Junta Directiva alegaron que el artículo 131 de la Constitución Política establece que los escaños le pertenecen al partido en el que fueron electos los diputados, por lo que, para evitar su salida, los congresistas en cuestión se declararon independientes.
De los ocho diputados propietarios que quedaban en sus escaños, uno de ellos, Elman Urbina, decidió abandonar su puesto en solidaridad con sus compañeros.
Bajo el mando de Montealegre, el PLI ganó 24 de los 91 diputados propietarios de la Asamblea Nacional en noviembre de 2011, donde eran la segunda fuerza política después del oficialismo.
Para el Cosep, es responsabilidad de todos promover la estabilidad política, el desarrollo sostenible y la cohesión social, «pero sobre todo superar con vigor y convicción nuestras diferencias políticas e ideológicas, ya que no podemos permitirnos llevar a nuestra patria al límite de la confrontación como ocurrió en el pasado».
«Por lo que desde Cosep hacemos un vehemente llamado a que los actores políticos contribuyan con sus decisiones y acciones a que la nación camine invariablemente por el sendero de la prosperidad y la democracia», abogó ese organismo.
La decisión de expulsar a 28 diputados se da cuando faltan tres meses para las elecciones generales en las que el presidente del país, Daniel Ortega, busca su tercer mandato presidencial consecutivo.
En esos comicios no participará el principal bloque opositor, liderado por los diputados removidos y que, afectado por una serie de fallos judiciales, decidió no participar.
EFE
