La caótica presidencia de Pedro Castillo en Perú, dentro del contexto de la inestable política peruana de los últimos años, acaba de entrar en una nueva etapa. La semana pasada, la Fiscalía emitió una acusación constitucional contra el Presidente.
Alejandro Armas/El Político
Específicamente, el organismo señala a Castillo de ser «el cabecilla de una red responsable de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión». Si bien los presidentes peruanos gozan de inmunidad a procesos judiciales, este proceso especial, según sus responsables, sí puede ser aplicado a todo alto funcionario… Hasta el jefe de Estado.
¿Qué sigue ahora? ¿Más crisis política a la vuelta de la esquina en Perú? Veamos.
Un reto menos difícil
El proceso puesto en marcha por la acusación constitucional da un papel preponderante a la némesis del presidente Castillo: el Congreso. De hecho la legislatura peruana fue protagonista de los choques de poderes con el ejecutivo que culminaron con la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski en 2018 y Martín Vizcarra en 2020.
Lo primero que ocurre es que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso revisa la acusación de la Fiscalía. Luego deberá comenzar sus propias pesquisas y redactar un reporte con los hallazgos. Ese informe será sometido al voto por el pleno de la cámara, no sin que antes Castillo presente su defensa, con la asesoría legal correspondiente.
Por último, si el Congreso aprueba el informe, la Fiscalía podrá introducir una demanda penal contra el Presidente en la Corte Suprema. Más importante aun, el mismo Congreso lo pudiera remover del cargo.
El quid de la cuestión es que la aprobación del informe solo requiere el voto a favor de una mayoría simple en el parlamento. Es diferente a la destitución por «incapacidad moral», que requiere de una mayoría calificada de dos tercios. Cuando en marzo el Congreso trató de remover a Castillo por esa vía, no llegó a esa mayoría calificada; ni siquiera llegó a la simple. Pero el «sí» fue la opción más votada. Si los enemigos del Presidente en esta oportunidad convencieran a varios de los que entonces votaron en contra o se abstuvieron, pudiera ser el fin de este gobierno.
¿Melodrama o amenaza?
Y a todo esto, ¿qué dice Pedro Castillo? El Presidente no solo rechazó los señalamientos de la Fiscalía, sino que además afirmó que la acusación constitucional, valga la cacofonía, es inconstitucional. Incluso la denunció como «una nueva modalidad de golpe de Estado».
En un discurso especialmente exaltado, Castillo dijo: «Si tiene que correr mi sangre por la calle en beneficio de este pueblo, lo voy a hacer; si es que hay que entregar la vida, lo voy a hacer». Esta alusión a situaciones violentas causó inquietudes, al indicar la posibilidad de que el nuevo choque de poderes tenga un desenlace cruento.
Pero, incluso si quisiera intentarlo, Castillo tendría poco margen de maniobra para evitar por la fuerza un desenlace desfavorable del proceso. Su gobierno es tremendamente impopular entre las masas. En la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, 65% de los consultados rechazó su gestión, de cara al 25% aprobatorio.
Tampoco hay indicios de que Castillo cuente con el respaldo de las Fuerzas Armadas peruanas, cuya intervención en otro choque de poderes entre el Congreso y el entonces presidente Martín Vizcarra evitó la caída del mandatario. Tan solo meses después, la legislatura lo intentó de nuevo, sin que los militares se pronuncien. Lo logró.
