El exmiembro de la junta directiva de la estatal Caja de Ahorros de Panamá Ricardo Arango, involucrado en la concesión irregular de un préstamo de 9 millones de dólares en 2012, fue excarcelado luego de que pidiera ampliar su declaración ante la Fiscalía, informó el Ministerio Público (MP) a Efe.
Arango, arrestado desde el pasado 28 de octubre, deberá ahora presentarse al MP dos veces por semana, mientras continúa el proceso de investigación por el que están detenidos otras cinco personas, entre exdirectivos del período 2009-2014 y empresarios beneficiados por el crédito.
La liberación de Arango, que se concretó ayer, martes, se dio después de que su defensa pidiera la oportunidad para que este ampliara su testimonio sobre el caso, dijo a Efe una fuente del MP, sin precisar el contenido.
El MP abrió un expediente a los exdirectivos por la supuesta comisión del delito contra la administración pública en su modalidad de diferentes formas de peculado, en perjuicio del banco estatal.
El préstamo concedido iba destinado a la construcción de un centro de convenciones en la capital, adjudicado en 2012 al consorcio HPC-Contratas-P&V, ligado al exvicepresidente Felipe «Pipo» Virzi (1994-1999) y a allegados del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).
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Sin embargo, de acuerdo con las investigaciones del MP, los empresarios del consorcio pidieron que la línea de crédito fuera entregada a distintas empresas que no estaban relacionadas con la obra y que luego saldaron sus compromisos con el banco.
El pasado 18 de octubre la Fiscalía indicó que acusaría a todos los miembros de la junta directiva en el período investigado, entre seis y nueve personas, de las una parte tiene medidas cautelares en libertad.
El secretario general de la Fiscalía, Rolando Rodríguez, explicó entonces que dentro de la pesquisa se determinó que los directivos aprobaron el crédito con una «urgencia sospechosa», el 31 de diciembre de 2012, sin la formalidad que exigen los procedimientos del banco, pero que ahora nadie recuerda el acta que contiene la decisión.
La defensa de los implicados ha argumentado que como el crédito ya fue cancelado por las empresas que lo recibieron, no tiene sentido la investigación.
Pero la Fiscalía ha reiterado en varias ocasiones que el hecho de que el préstamo haya sido saldado no elimina la posibilidad de la conducta delictiva al momento de su aprobación.
Con información de EFE
