La segunda gestión de Patricia Bullrich como Ministra de Seguridad en Argentina ha estado marcada por la implementación de medidas controversiales, como el protocolo anti-manifestaciones y la propuesta de criminalizar las protestas.
El Político
Las políticas implementadas generaron numerosas críticas, especialmente por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien expresó a la Ministra su preocupación por la ilegalidad del protocolo antipiquetes.
Según la ONU, estas medidas no cumplen con los estándares internacionales y podrían restringir injustificadamente el derecho a la libertad de reunión pacífica.
En un comunicado revelado recientemente, los relatores de la ONU, Clement Nyaletsossi Voule, Irene Khan y Mary Lawlor, firmaron un documento en el que destacan la importancia del derecho a la reunión pacífica como base fundamental de un sistema de gobierno participativo basado en la democracia, los derechos humanos, el respeto de la ley y el pluralismo.
Asimismo, la ONU hizo hincapié en que tanto los ciudadanos como los no ciudadanos tienen derecho a reunirse pacíficamente, incluyendo a los extranjeros presentes en las manifestaciones.
Derecho de defensa
Por su parte, Bullrich ha defendido su postura considerando las protestas y los cortes de calle como delitos flagrantes, lo que permite la intervención de las fuerzas de seguridad sin necesidad de una orden judicial.
Sin embargo, la ONU ha advertido sobre el riesgo de criminalizar la protesta social a través del uso del derecho penal.
El miércoles pasado se observó cómo las fuerzas federales bloquearon completamente el acceso al Puente Pueyrredón en Avellaneda. En este sentido, los relatores de Naciones Unidas enfatizaron que la obligación principal de las fuerzas de seguridad en una reunión no es controlarla o restablecer el orden, sino facilitar la protesta pacífica y garantizar el ejercicio de los derechos que en ella se manifiestan.
