La Casa Blanca tiene una lectura realista sobre la dictadura de Venezuela: Nicolás Maduro podría caer cuando todos sus socios militares y políticos asuman que ya no puede proteger las ganancias millonarias de los negocios ilegales que se hacen bajo la sombra del régimen caribeño.
Al mismo tiempo, la administración republicana apunta a fortalecer la seguridad de Estados Unidos, y todos los movimientos legales, diplomáticos y militares que está protagonizando tienden a consolidar ese asunto clave del gobierno de Donald Trump.
El aparato represivo de Venezuela asesina, secuestra, viola y tortura todos los días. Ese aparato está integrado por militares, policías, guardia cárceles, espías y civiles. Son miles y se enriquecieron por la corrupción estatal.
Apoyado por la represión ilegal, Maduro hizo fraude electoral, desconoció el triunfo legitimo de Edmundo González Urrutia y se apropió del poder para multiplicar los negocios clandestinos que benefician a sus asociados militares y civiles.
Trump lidera una batalla frontal contra el narcotráfico en América Latina y puso en marcha un minucioso plan contra Maduro que diseñó el secretario de Estado, Marco Rubio, y se ejecuta a través de toda la administración republicana.
Respecto a Venezuela, el eje del programa de la Casa Blanca se apoya en el siguiente razonamiento: si se acaban los negocios ilegales que aceitan la lealtad del Ejército y las Fuerzas de Seguridad del régimen, la estabilidad interna de Maduro podría irse a pique.
En ese momento, con Maduro debilitado, iniciaría una negociación en Venezuela para forzar el comienzo de la transición.
González Urrutia y María Corina Machado, líderes de la oposición, tienen una prioridad básica en su agenda política: la caída de Maduro como primer paso hacia el regreso de la democracia en Venezuela.
