El juez que instruye el caso de Nadia investiga al padre de la menor, Fernando Blanco, por «provocación sexual y explotación sexual». En un comunicado, el magistrado sostiene que las imágenes halladas por los Mossos d’Esquadra en un pen drive del progenitor «no son una simple sospecha, sino la constancia y evidencia de claros indicios objetivados de participación de la persona investigada (el padre) en la comisión de los referidos delitos».
Por ello el juez ha citado a los padres de la menor el próximo viernes. La madre, Margarita Garau, declarará a las 10, y el padre, Fernando Blanco, a las 11.
El magistrado ha tomado la decisión después de que los Mossos d’Esquadra hallasen las imágenes en uno de los dispositivos informáticos incautados en los registros de la vivienda, según ha confirmado la policía catalana. En su traslado al juez, los Mossos ya avisaron de que las fotografías podían ser constitutivas de los delitos de «elaboración y tenencia de pornografía infantil, así como de exhibicionismo y provocación sexual».
El padre de la menor se encuentra en prisión desde el pasado mes de diciembre, acusado de haber utilizado a su hija para conseguir dinero a través de donaciones. El juez que investiga por estafa a Fernando Blanco y Marga Garau fijó en 1,2 millones de euros la fianza. Y confirmó las medidas que impuso a ambos: la prisión provisional sin fianza para el padre por riesgo de fuga y la suspensión de la patria potestad para la madre.
Según el juez, los padres de la menor la utilizaron exagerando la enfermedad que padece, tricotriodistrofia. Desde el año 2008, los padres de Nadia han recaudado 918.000 euros en donaciones vehiculadas a través de dos cuentas bancarias que han sido inmovilizadas por el juez. Dos terceras partes de ese dinero han desaparecido ya, según han acreditado los Mossos d’Esquadra. Pero los padres no lo han destinado a tratamientos médicos o cuidados de Nadia, sino que lo han empleado para costear un alto nivel de vida.
Del análisis de los movimientos bancarios se desprende que el dinero se ha utilizado en compras en centros comerciales, viajes, hoteles, restaurantes y comercio electrónico. También, en pagar el alquiler de la casa familiar (9.000 euros al año) y en la compra de un coche (24.500 euros).
La consejera de Asuntos Sociales de la Generalitat, Dolors Bassa, ha señalado que el Ejecutivo está atento a cómo evoluciona el caso y que siempre ha estado «al lado» de la niña, al considerar «prioritaria la protección de los menores».
Con información de El País
