La Contraloría de Bogotá tomó medidas contra nueve funcionarios del Acueducto por el contrato del túnel Tunjuelo-Canoas, que fue adjudicado a la polémica constructora brasilera Odebrecht.
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Por esta razón, el ente de control distrital abrió dos procesos de responsabilidad fiscal y medidas cautelares de embargo de bienes contra estos funcionarios investigados, entre los cuales se encuentran tres exgerentes del Acueducto de Bogotá.
Entre los exgerentes del Acueducto que son sujetos del proceso de responsabilidad fiscal se encuentran Jorge Enrique Pizano y Luis Fernando Ulloa, quienes trabajaron durante la administración de Samuel Moreno, y Diego Bravo, del mandato de Gustavo Petro.
Los otros investigados por la Contraloría son algunos gerentes y directivos de área: Jaime Díaz, Nelly Pérez Ulloa, Juan Carlos Quijano, Jaime Humberto Mesa, Julián Montoya y Carlos Alberto Acero.
Los procesos de responsabilidad fiscal suman más de $259.502 millones, de los cuales $242.000 millones son por el contrato original de Tunjuelo-Canoas (el 95% del proyecto) y otros $16.000 millones por el 5% de la obra faltante.
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Los otros puntos que investiga la Contraloría de Bogotá son los $9.122 millones que el Acueducto le pagó a Odebrecht para la recuperación de su maquinaría atrapada en la obra del túnel Tunjuelo-Canoas. Además, están los $7.271 millones que se devengaron por la medida legal que la constructora brasilera interpuso contra el distrito (Acueducto) por “perjuicios derivados de la actuación ineficiente de la empresa.
Con información de El Espectador
