España pondrá en marcha un sistema de apoyo a los consumidores de electricidad que estén en una situación económica vulnerable de modo que las compañías suministradoras no puedan cortar ese servicio aunque se produzcan impagos.
El Gobierno del PP (centroderecha) y el principal partido de la oposición, el PSOE (socialista), han alcanzado un acuerdo con ese objetivo y hoy se conocieron algunos detalles del decreto que hará posible esa ayuda, mientras se mantiene el llamado «bono social», un descuento en la factura de la luz para quienes tengan dificultades financieras, sin llegar a ser «vulnerables».
A ese acuerdo se llega después de la polémica suscitada por las dificultades de muchas familias para afrontar el pago de la electricidad y el gas, en especial en invierno, tras años de crisis económica.
Un punto culminante fue la muerte, en noviembre pasado, de una anciana de 81 años en Reus (noreste), por un incendio provocado por una vela en su vivienda, de la que se valía por carecer de suministro eléctrico.
Según se conoció hoy, los servicios sociales españoles deberán acreditar primero con un documento que un consumidor es «vulnerable severo», lo que le protegerá de los cortes de luz, así como de la aplicación de recargos posteriores ante situaciones de morosidad.
El Gobierno espera aprobar el decreto antes de que termine el año, aunque el desarrollo del mismo se prolongará durante unos tres meses, por lo que no comenzaría a aplicarse hasta abril de 2017.
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En primer lugar, será necesario definir los criterios para que un consumidor sea considerado como «extremadamente vulnerable», un punto en el que será fundamental la actuación de los servicios sociales locales.
La nueva normativa también servirá para definir los criterios de renta para la aplicación del bono social, que es un descuento del 25 % en la factura eléctrica de determinados colectivos.
Según el Gobierno, hay 2,6 millones de hogares (7 millones de personas) que reciben el bono social en España, mientras que no está cuantificado cuántos podrían estar asignados al segmento de «extremadamente vulnerables».
Un reciente informe del oficial Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntó que un 11 % de los núcleos familiares (más de cinco millones de personas) son incapaces de calentarse en los meses más fríos, y un 9,4 % tiene retrasos en los pagos de facturas.
Es lo que se conoce como pobreza energética.
Además, según el INE, la factura eléctrica se ha disparado en España desde 2007 en un 60 %, mientras que la renta media de los hogares se ha reducido un 8,5 %.
Con información de EFE
