Una de las principales consecuencias directas del aumento considerable de casos de asesinatos de líderes sociales en Colombia, es el riesgo que este fenómeno representa para la implementación del Acuerdo Final de Paz en los territorios más afectados por el conflicto armado. De ahí que sea una de las principales preocupaciones para las organizaciones sociales y para el Gobierno mismo que no ha logrado contener el problema.
De ahí la importancia de entender cuáles son las variables y características particulares del fenómeno, quiénes son las principales víctimas y quienes los victimarios. Y ese fue el propósito del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria que entregó este viernes un informe detallado sobre las dinámicas del asesinato de líderes rurales en un periodo comprendido entre 2005 y 2015.
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El documento señala como primer gran balance que en dicho lapso de tiempo se identificaron 500 eventos victimizantes concentrados en su mayoría en departamentos como Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Córdoba y Nariño.
Del total de víctimas contempladas en la muestra, el 88% (441) son hombres y el 12% (59) mujeres. En cuanto al tipo de víctima los mayores afectados siguen siendo los integrantes de asociaciones rurales campesinas, seguidos por los indígenas y los reclamantes de tierras. Respecto al tipo de organización los datos son más puntuales: “La organización más afectada en nuestra base de datos son las Juntas de Acción Comunal con 109 eventos, seguidos por las asociaciones indígenas con 93 casos, las organizaciones campesinas no relacionadas con la restitución con 83 sucesos y las organizaciones de restitución con 69 registros”.
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