La conmoción por la muerte por infarto de Rita Barberá, apartada del PP por su imputación judicial desde el 14 de septiembre, llevó ayer al partido y al Gobierno a plantear públicamente la necesidad de revisar el pacto anticorrupción con Ciudadanos. «A lo mejor hay que darle una vuelta», señaló el portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando, refiriéndose, en concreto, al punto número 93. En él se recoge el compromiso de la «separación inmediata» de los cargos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción».
Una medida cautelar que pretende ser «ejemplarizante» por la alarma social contra la corrupción política. El partido de Albert Rivera se lo exigió a Génova con Barberá para sentarse a negociar la investidura de Mariano Rajoy. Y el PP, que había fijado su propio límite en la apertura del juicio oral para apartar a sus cargos, lo ha tenido que asumir como propio.
También el Gobierno pidió ayer una «reflexión» conjunta de los grupos políticos sobre en qué momento procesal actuar contra un político que se enfrenta a una causa judicial. «Conjugar una querella con la presunción de inocencia» debiera ser el objetivo. «El debate está en la sociedad y este hecho triste y doloroso nos debe hacer reflexionar sobre estas cosas. A la hora de ponerlo en práctica, tenemos que hablar con todo el mundo y sería bueno que todos los partidos se pongan de acuerdo», afirmó el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo.
Pero el mensaje se queda de momento en un desiderátum, ya que tanto Moncloa como Génova asumen que no están en condiciones de renegociar los términos del acuerdo con Ciudadanos, del que depende el Gobierno.
Rajoy no lo exigirá ni su gabinete liderará la raforma. De hecho, sus miembros se apresuraron a sofocar un posible incendio con su socio de legislatura y ratificaron la vigencia del pacto anticorrupción. «Está en vigor y goza de muy buena salud», defendió el titular de Justicia, Rafael Catalá, quien defendió que se exijan responsabilidades políticas y abandonen sus puestos cuando «existan indicios y el juez considere alguna formalidad»; es decir, sin esperar al juicio oral o a la condena. «Los acuerdos están para cumplirse», zanjó Méndez de Vigo, que insistió, eso sí, en llamar a la reflexión ulterior de los grupos políticos.
Por si acaso, la respuesta de Ciudadanos a la demanda de Hernando para revisar el pacto no tardó en llegar. Los de Rivera fueron rotundos al afirmar que no existe posibilidad alguna de que el pacto de investidura firmado entre ambos grupos se suavice en lo que toca al castigo que deben recibir todos aquellos políticos que sean imputados formalmente. «No hay que darle ninguna vuelta, lo que hay que hacer es cumplirlo», dijo José Manuel Villegas, vicesecretario general de C’s.
«Es el único criterio lógico»
Es más, los de Rivera advierten a los populares de que si llegaran a relajar la aplicación de este punto del acuerdo, Ciudadanos lo entenderá como una violación del pacto y dejará de prestarles apoyo en el Congreso. «Se habrá roto el pacto. Consideraremos que el PP es un partido poco fiable a la hora de negociar y llegar a acuerdos, y por lo tanto hará muy difícil que se sigan pudiendo dar acuerdos en el Congreso, y con las mayorías que hay en el Congreso eso tendrá la repercusión política a la hora de sacar adelante leyes», avisó Villegas.
La firmeza de esta formación es total: ningún imputado puede estar presente en la vida pública. Y de ninguna desgracia, como la de Rita Barberá, se pueden extraer conclusiones políticas, ni modificar posiciones. «Los criterios deben ser lo suficientemnte coherentes para que se apliquen siempre. Es decir, no podemos decir que el criterio es bueno si lo aplicamos al adversario político y malo cuando lo aplicamos a nosotros mismos», reprochó.
Ciudadanos cree que no ha lugar a «ningún cambio ni ninguna reflexión» porque esta medida es la «única manera lógica y coherente» de proceder contra la corrupción. A su juicio, a la clase política le toca «hacer un esfuerzo» para recuperar la confianza de los ciudadanos, perdida por las malas prácticas y la corrupción. Y a ello responde el compromiso de apartar a los imputados de las listas electorales y las instituciones públicas. «Vamos a mantener ese criterio», remachó.
PSOE y Podemos no se pronuncian
Ciudadanos recuerda que esta cláusula forma parte de todos los pactos de Gobierno que Ciudadanos ha firmado allí donde es decisivo. «Se ha aplicado hasta ahora sin ningún problema en Madrid, Andalucía y nuestra posición es que se debe seguir aplicando si el Gobierno que sea quiere contar con nuestro apoyo». Sí se mostró abierto, no obstante, a buscar fórmulas para compensar a los políticos imputados que posteriormente sean declarados inocentes por la Justicia. Asumen que la cuestión del resarcimiento público tras la «pena de Telediario» no está resuelta. Aunque no se ha producido ningún contacto aún, Hernando insistió ayer que su intención es hablar con el resto de grupos políticos para repensar si el camino actual es el «correcto».
Desde Podemos, Íñigo Errejón no quiso ayer entrar en el tema de si modificar o no el castigo para un político imputado. Errejón cargó en «off» contra el PP y apuntó que fueron ellos los que echaron a Barberá, por lo que no deben involucrar al resto. El portavoz de Podemos, que no oculta su malestar porque Hernando desvelara el jueves que le envió sus condolencias por la muerte de la senadora, sí está dispuesto a conversar sobre esta cuestión, aunque cuando pase la «marea».
Fuentes de la dirección del grupo del PSOE también creen «improcedente» abrir este debate tras el fallecimiento de la política que, según denuncian, «por desgracia» está siendo «utilizado políticamente» por PP y Podemos.
Los socialistas se remiten a su «código ético», elaborado a finales de 2014 ante el caso de los ERE en Andalucía, que fija que se asuman responsabilidades políticas tras abrirse juicio oral «salvo en casos excepcionales». También el PP reforzó su código interno para las elecciones: dimisión y suspensión de militancia con la apertura de juicio oral.
Con información de ABC
