El Gobierno de Ecuador no descartó hoy que haya habido «pagos o actos de corrupción» de la empresa Odebrecht que involucren a funcionarios, pero aseguró que su actuación en relación con esa empresa fue correcta y recordó que fue expulsada del país en 2008, aunque luego volvió a ser contratista del Estado.
El Ejecutivo, además, exigió que sean revelados los nombres de quienes pudieron estar involucrados en supuestos actos corruptos «para determinar si hubo funcionarios públicos involucrados en una presunta red de corrupción» o personas que, en nombre del Gobierno, «podrían haber cometido irregularidades».
Esa fue la reacción gubernamental después de que ayer se conociera información procedente del Departamento de Justicia de EE.UU., según la cual la constructora brasileña Odebrecht pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, incluidos Brasil y Ecuador.
El informe del Departamento de Justicia indica que en Ecuador, entre 2007 y 2016, la constructora hizo pagos corruptos por valor de más de 35,5 millones de dólares a «funcionarios del Gobierno», lo que le generó unos beneficios de más de 116 millones de dólares.
El secretario jurídico de la Presidencia de Ecuador, Alexis Mera, aseguró hoy en una conferencia de prensa que el Ejecutivo ecuatoriano no va a proteger ni a encubrir a ningún responsable en eventuales actos corruptos, sino a favorecer las investigaciones. «No nos importa que caiga quien caiga», aseveró.
En un comunicado, la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) recordó que en septiembre de 2008, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, expulsó a Odebrecht del país «tras detectarse deficiencias técnicas en la central hidroeléctrica de San Francisco, proyecto contratado en el año 2000, en el Gobierno de Gustavo Noboa».
Mera precisó al respecto que cuando el Ejecutivo de Correa accedió al poder se hallaron «serias irregularidades» en relación con ese proyecto, «que incluso podrían ser indicios de corrupción», pero no se encontraron «depósitos ni cheques» y no hubo «pruebas para iniciar un proceso penal».
Explicó que Odebrecht pedía «algunas decenas de millones de dólares» para arreglar una conducción de agua relacionada con la hidroeléctrica, a lo cual se negó el Gobierno.
El secretario jurídico subrayó que las relaciones con la empresa «fueron pésimas» en una primera etapa, como apunta la expulsión de la firma de territorio ecuatoriano, por lo que calificó de «absolutamente incomprensible» que se hayan efectuado afirmaciones sobre corrupción por parte de algún funcionario.
El comunicado de la Secom recuerda que la expulsión de la compañía en 2008 se produjo «pese a las presiones de la Cancillería brasileña que, en esa fecha, decidió inclusive retirar a su embajador en Ecuador».
Odebrecht volvió a ser contratista del Estado ecuatoriano en julio de 2010, después de que el Gobierno «le exigiera el resarcimiento y compensaciones económicas por los perjuicios ocasionados» en el caso de la central hidroeléctrica San Francisco, indica la nota.
Después de 2010, el Gobierno ejecutó con Odebrecht los proyectos «Daule-Vinces»; «Manduriacu»; «Preparación de terrenos de la refinería del Pacífico»; «Acueducto La Esperanza» y «Poliducto Pascales-Cuenca», obras en fase de cierre y «auditadas por la Contraloría» General del Estado «en sus aspectos técnicos y de ejecución», agrega la información.
En la actualidad, la firma brasileña no tiene obras pendientes con el Estado, señala.
También indica que la empresa ha tenido contratos con gobiernos locales y menciona la infraestructura vial Ruta Viva, así como el contrato que tiene el Consorcio Acciona-Odebrecht con el Municipio de Quito, por importe de 1.538 millones de dólares, para la construcción de la fase 2 del Metro de Quito.
Con información de EFE
