Tres poderosas fiscalías de Estados Unidos (Miami, Nueva York y Houston), llevan adelante una ofensiva para dirimir las pesquisas en casos de delitos en Venezuela.
El Político
La intención no es otra que dar con nuevos actores y repotenciar estos casos que han estado en proceso por varios años, pero que a nivel judicial, no lucen sólidos.
Reseña una nota de Primer Informe que se han obtenido distintos resultados en cada una de las fiscalías. En primer lugar está Miami, que las investigaciones relacionadas al ex Tesorero Nacional de ese país, Alejandro Andrade, en el pago de sobornos a cambio de favores, avanzan de manera eficiente.
Así quedó demostrado cuando dos nombres de banqueros del país caribeño salieron a la luz pública, Gustavo Mirabal Castro y Leonardo González Dellán, cuyo casos fueron documentados y presentados ante un Gran Jurado en el condado de Palm Beach.
Una buena cantidad de evidencias y testigos ha tenido el caso de los llamados testaferros de Tarek El Aissami y Samark López, en el que aparecen como señalados Víctor Mones Maal y Alejandro Miguel León. Para este acontecimiento fue la fiscalía de Miami que inició las investigaciones pero terminó procesado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
NO HAN AVANZADO
Pero también hay casos, donde los fiscales federales no han logrado avanzar en la recolección de pruebas y/o testimonios, como aparece en la nota escrita por el periodista Casto Ocando.
Un ejemplo de lo dicho anteriormente es lo que sucede con las operaciones de Pdvsa por $4 mil millones de dólares a través de la desaparecida Banca Privada D’Andorra, investigado inicialmente como una operación de presunto lavado de dinero por parte del Departamento del Tesoro (Fincen), en conexión con la policía antilavado de España y el gobierno del principado de Andorra.
La fiscalía de Miami ha tratado de probar que en la gigantesca operación de asignación de dólares por parte de Pdvsa a empresas privadas que operaban en Venezuela en 2012, pudo haberse producido el pago de sobornos o comisiones ilegales, en violación a la Ley contra Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).
Los fiscales del caso, iniciado por el ya retirado fiscal “estrella” Dick Gregorie en Miami, no han podido construir un caso sólido para litigarlo públicamente. Uno de los implicados originalmente, el abogado venezolano Juan Andrés Wallis, logró demostrar que nunca participó en las transacciones en moneda extranjera y que sólo actuó legalmente como intermediario para distribuir el equivalente de las divisas en bolívares a las empresas que solicitaron dólares a Pdvsa para financiar sus actividades.
Otros casos que implican firmas o actores venezolanos se encuentran en una situación similar. Tal es el caso de la firma Derwick Associates (DA), cuyos directivos han sido señalados públicamente desde hace casi una década.
Hasta ahora, solo uno de ellos, Francisco Convit, ha sido formalmente acusado de cometer delito federal en violación de la FCPA y no en relación a Derwick. Convit es acusado por su participación en el caso de los pagos ilegales de contratos públios por $1.2 millones de Pdvsa a operadores chavistas encabezados por Raúl Gorrín, y en los que aparecen vinculados dos hijos de Nicolás Maduro y Cilia Flores, y posiblemente el propio Nicolás.
Los otros dos directivos de DA, Alejandro Betancourt y Pedro Trebau, no han sido formalmente acusados de cometer delitos por parte de la fiscalía federal, en conexión a los contratos para la adquisición de plantas eléctricas al gobierno venezolano en el período 2008-2013 aunque permanecen como “personas de interés”.
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Fuente Primer Informe
