Este martes el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha presentado las propuestas para renovar los estatutos del partido en su próximo congreso, del 10 al 12 de febrero. Los populares renuncian a las primarias y realizan cambios mínimos en el apartado de regeneración.
En la propuesta de la ponencia política no se prohíbe a los imputados ir en las listas electorales y el umbral para expulsar a un militante vinculado a un escándalo de corrupción sigue siendo la apertura de juicio oral, no la imputación, como el PP pactó el pasado verano con Ciudadanos para firmar su acuerdo de investidura. El partido sí propone la creación de un nuevo órgano de control interno, la Oficina del Cargo Popular, en la que, según ha explicado Maillo, cualquier persona podrá denunciar sospechas de irregularidades cometidas por cualquier cargo de la formación. Dicha oficina solo tendrá competencias sobre los cargos orgánicos, no públicos.
La ley de partidos políticos obliga a las formaciones a «adoptar en sus normas internas un sistema de prevención de conductas contrarias al ordenamiento jurídico y de supervisión a los efectos previstos en el artículo 31 bis del Código Penal». Dicho artículo establece que las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos por sus representantes si se incumplen los deberes de «supervisión, vigilancia y control». Todos los cargos del PP deberán entregar a esa nueva oficina una declaración de su IRPF y bienes.
El PP disponía ya de un órgano disciplinario, el Comité de Derechos y Garantías, y ya estaba previsto también en el código ético popular que los cargos entregaran sus declaraciones de bienes al partido. Ahora a ese documento se le llama «declaración de idoneidad» y antes, «carta de compromisos». La única diferencia, según ha explicado Maillo, es que la nueva oficina tratará de «prevenir» los delitos y no tanto sancionarlos cuando ocurran.
Sin primarias
Como ya avanzó este diario, el PP renuncia a implantar un sistema de primarias, porque no quiere «copiar lo que otros hacen mal», ha explicado el vicesecretario de organización. Pero los populares sí proponen cambiar el actual sistema por uno de doble vuelta. En caso de haber dos candidatos a presidir el partido, la última palabra la seguirán teniendo los compromisarios, pero los militantes podrán participar en una primera vuelta tras inscribirse en un censo específico. Se establece, además, un sistema de «mayoría reforzada», con un mecanismo de «equilibrio territorial» para que valga lo mismo el voto de un afiliado independientemente de la provincia a la que pertenezca.
El mandato para presidir el partido pasará de los tres años previstos actualmente en los estatutos a cuatro, y se exigirá a los candidatos un mínimo de un año de antigüedad en el partido para poder aspirar al cargo. Los militantes no tendrán nada que decir, sin embargo, en la elección de la cúpula del partido, y el secretario general del mismo, será elegido, como hasta ahora, a propuesta del presidente del partido.
Con información de El País
