En los tribunales argentinos los exfuncionarios kirchneristas están pasando de a uno y sin pausa. El fin del gobierno de Cristina Fernández en diciembre pasado agilizó las denuncias contra jerarcas de esa administración y ayer se sumaron nuevas causas que, en todos los casos, apuntan a presuntos hechos de corrupción .
El juez federal Sebastián Ramos procesó ayer al exministro de Planificación Federal Julio De Vido (2003-2015) y al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime (2003-2009) en una causa que investiga la falta de renegociación de contratos de concesión de los trenes.
El magistrado también ordenó trabar un embargo sobre los bienes de los dos exfuncionarios por 500 millones de pesos argentinos (unos U$S 35 millones), según la resolución publicada por el Centro de Información Judicial (CIJ).
Ramos investiga a De Vido y a Jaime por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con sus cargos.
Los dos exfuncionarios están acusados de no actualizar los contratos ferroviarios entre 2003 y 2012 «para beneficiar a las empresas concesionarias», mientras la Secretaría de Transporte perteneció al ministerio encabezado por De Vido.
Tanto Jaime como el exministro de Cristina Fernández son dos de los exfuncionarios kirchneristas más comprometidos en los tribunales argentinos.
Jaime, en prisión preventiva desde abril pasado a raíz de una causa por la presunta compra irregular de trenes a España y Portugal, ya fue condenado a cinco años de cárcel por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por el choque ferroviario en la concurrida estación capitalina de Once, que dejó 52 muertos y centenares de heridos en 2012.
Divo Gordo
Además, el ex secretario de Transporte suma una condena en una causa por dádivas recibidas de las empresas de transporte que debía controlar y por el robo de pruebas recolectadas durante un procedimiento judicial.
De Vido, actual diputado nacional, está acusado por supuesto enriquecimiento ilícito, mientras también se investiga su responsabilidad en la llamada Tragedia de Once.
Ciccone En tanto, el juez Ariel Lijo dio ayer por completada la fase de instrucción de la causa contra el exvicepresidente Amado Boudou por presunta corrupción en la compra de la imprenta de papel moneda Ciccone, informaron fuentes judiciales.
De esta forma, Lijo dio vista a la Fiscalía para que requiera la elevación a juicio, según informó el CIJ. En la causa se constató que Boudou, aprovechando su condición de funcionario público, y su socio José María Núñez Carmona habían acordado con Nicolás y Héctor Ciccone y Guillermo Reinwick -dueños de la imprenta- la cesión del 70% de la empresa Ciccone Calcográfica a cambio de la realización de los actos necesarios para que la firma pudiera volver a operar y contratar con la Administración pública.
También Lázaro Al mismo tiempo, la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires citó ayer para mañana al empresario Lázaro Báez, cercano a la familia Kirchner, para que amplíe detalles sobre una supuesta reunión entre el juez Sebastián Casanello y la expresidenta Cristina Fernández.
El tribunal busca que Báez, detenido en forma preventiva por presunto lavado de dinero, brinde más información tras la presentación de una carta manuscrita en la que dijo haber visto al magistrado que lleva su causa en la residencia presidencial de Olivos cuando Fernández era presidenta.Tras recibir la carta, la sala II de la Cámara convocó a Báez para este viernes para una nueva audiencia en el marco del pedido para apartar a Casanello de la causa, según informó la agencia estatal Télam. Báez, estrecho colaborador de Néstor Kirchner, fue el principal adjudicatario de obra pública en la sureña provincia de Santa Cruz, cuna del kirchnerismo.
Divo Gordo
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Con Información de: El Observador
