“Ambigüedad” es la palabra que mejor describe la política del actual Ejecutivo estadounidense, con respecto a la exploración y explotación de yacimientos petrolíferos en Alaska.
El Político
A comienzos de este año, el presidente Joe Biden firmaba la autorización que dio vía libre al proyecto Willow. Se trata de una iniciativa que permite la perforación y extracción de petróleo al norte del círculo polar ártico.
Bajo el comando del gigante ConocoPhillips, los taladros erigidos dentro del marco del proyecto Willow podrán producir hasta 180.000 barriles de crudo por día.
De acuerdo con expertos, ese total estimado representa 1.5% de la producción petrolera total dentro de los Estados Unidos.
La venia del presidente al proyecto Willow le valió críticas que el mandatario no desoyó. Por ese motivo, durante el transcurso de septiembre, Biden intentó remendar el capote.
En consecuencia, el jefe de Estado negó las concesiones para desarrollar nuevas actividades extractivas al norte de Alaska.
El titular del Despacho Oval también prohibió la activación de pozos petroleros en una gigantesca zona del mar de Beaufort.
Lo irónico de ambas medidas es que fueron tomadas con el argumento de “proteger” tierras muy cercanas a los lotes en los que se desarrolla el proyecto Willow.
Fuego cruzado
A raíz de sus decisiones, el presidente Joe Biden ha recibido críticas de ambientalistas, pero también de dirigentes y habitantes del norte de Alaska.
Los primeros indican que el mandatario mintió, al no cumplir su promesa de detener (o no conceder nuevos) permisos de explotación petrolera.
Los segundos, entretanto, acusan a Biden de poner en práctica lo que ellos mismos han denominado como “ecocolonialismo”.
Ese último grupo reprocha, sobre todo, las pérdidas mil millonarias generadas por la decisión que impide ampliar la explotación petrolera al norte de Alaska.
Desde esa región se ha informado que 95% de los ingresos impositivos corresponden al “desarrollo de tierras en la vertiente norte”.
Dado lo anterior, prohibir nuevas actividades petrolíferas golpea, por un lado, la entrada de dinero a las arcas de los gobiernos regionales y locales.
La decisión también perjudica a las comunidades que habitan la zona, pues sus habitantes viven del trabajo en plataformas petrolíferas o de otras actividades asociadas a la extracción de crudo.
Con tal escenario como telón de fondo, pobladores del norte de Alaska, en particular tribus autóctonas, han exigido al Ejecutivo estadounidense no violentar su derecho “a buscar la autodeterminación económica, social y cultural”.
Esas mismas voces han indicado que “las leyes de Estados Unidos deben apoyar a las poblaciones indígenas, no interferir con estos derechos humanos básicos”.
