Desde arreciar la represión hasta acomodar casi quirúrgicamente a los opositores según sus necesidades, el chavismo muestra hoy todas las cartas que jugará para mantenerse hasta las elecciones presidenciales del año que viene. Su objetivo es único y claro: ganar, así sea “a la nicaragüense” (ilegalizando a la oposición), la única forma de relegitimarse dentro y fuera de las fronteras venezolanas.
A pesar de la inocultable caída en su popularidad y luego de tremendos golpes, como el reversazo de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que habían cercenado las facultades del Parlamento dominado por la oposición, y que desataron protestas y acusaciones de “dictadura” contra el gobierno de Nicolás Maduro; el reconocimiento de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, de que hubo un quebrantamiento del hilo constitucional, así como de un grupo de 19 países miembros de la OEA tras la aprobación de una resolución, el gobierno aún tiene control sobre importantes estructuras del poder que le permiten jugar con ventaja.
Lo dejó claro el viernes con la inhabilitación por 15 años para ejercer cargos públicos emitida contra el gobernador de Miranda y ex candidato presidencial, Henrique Capriles, uno de los presidenciables de la oposición. Una decisión que pidieron reversar los gobiernos de Argentina y Perú y que no hace más que aumentar la presión internacional a la que estuvo expuesto el régimen durante toda la semana, en especial en la OEA, donde fue vapuleado al activarse en su contra la Carta Democrática.
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Lo de Capriles fue una movida de la Contraloría, que cumple el doble propósito de sacarlo del juego electoral (en los planes de todos estaba la candidatura de Capriles para las elecciones del próximo año) y a la vez mostrar el control institucional del chavismo sobre los poderes públicos, en momentos de fervor opositor.
“El poder se usa como refugio porque el costo de salir del poder es muy alto”, explicó a El Tiempo el director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica, Benignon Alarcón. “El poder se está autocratizando porque hay presión por cambio y el gobierno no está en condiciones de competir en una elección”.
En ese sentido, los análisis apuntan a que el gobierno del presidente Maduro, a pesar de sus torpezas, no está en el punto de negociar el cambio o, lo que es lo mismo, un proceso electoral.
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Es claro que Maduro no realizó las elecciones regionales correspondientes porque sabe que pierde, dada su baja popularidad y las condiciones extremas de la crisis que atraviesa el país. Sabe que no hacerlas tampoco le reportó mayor costo político, por lo que la preparación se concentra en las presidenciales.
“Por supuesto, el ‘madurismo’, más que el chavismo, tiene un ojo en el camino y otro en el horizonte. Claro que hay un plan para ir a las presidenciales sin los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática”, opinó también el politólogo Luis Salamanca, a propósito de la inhabilitación de Capriles.
Y es que con el gobernador de Miranda imposibilitado para luchar por cualquier cargo público, con Leopoldo López encarcelado y cumpliendo una condena de casi 14 años de prisión, y con otros importantes líderes perseguidos, acosados o con prisión domiciliaria, el chavismo está jugando a la decapitación de la oposición.
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En esa ruta todavía quedarían en el camino los dirigentes Henry Ramos Allup y María Corina Machado.
Otros como Henri Falcón –gobernador del estado Lara– y el ex gobernador y ex prisionero político Manuel Rosales, aunque de sus filas, son vistos por el electorado opositor como complacientes con la estrategia oficial de llegar sin contratiempos a las presidenciales.
Lo único que ha introducido una distorsión en el plan oficialista fue el empeño en anular la Asamblea Nacional y la reacción de la oposición de defenderla en la calle. Y la magnitud de las movilizaciones, con los diputados y líderes en primera fila recibiendo los gases lacrimógenos, golpes y toda la atención mediática, ha puesto sobre el gobierno una presión cuyo efecto aún está por verse.
En ese sentido, la politóloga Colette Capriles, en diálogo con este diario, cree que la reversa del ‘Madurazo’ por su propósito de clausurar al Legislativo y darle superpoderes a Maduro “inauguró una nueva línea política que ha unido a todo el mundo en la defensa de la Constitución”, entre ellos a algunos sectores chavistas tradicionales, como el de la fiscal Ortega.
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Para la politóloga, de la Universidad Simón Bolívar, todo cambió por la inusitada “presión internacional, porque la oposición se unió en torno a la defensa de la Carta Magna y porque en apariencia se evidenció una aparente fractura en el chavismo por la actitud de la fiscal”.
Respecto al masivo despliegue de represión con que ha respondido el gobierno, esto no es novedoso, pero sí el recrudecimiento de las declaraciones públicas de algunos de sus voceros de peso, como el diputado Diosdado Cabello, quien dijo que “aun si hay sangre, no habrá cambio político en Venezuela”. El miedo como disuasión parece ser la consigna del líder chavista.
También se ha despejado la alianza directa entre el gobierno con los ‘colectivos’ o grupos de choque armados, con quienes usualmente prefería no fotografiarse, pero ahora son abiertamente usados como amenaza. “Cuando los colectivos se muevan, ahí sí (la oposición) van a empezar a correr”, se jactó Cabello desde su programa por la televisión estatal.
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Por eso la posibilidad de un diálogo es algo de lo que se habla en los foros internacionales, pero que no está en el escenario imaginado por Maduro ni menos por la oposición, que cree en su intimidad que se equivocó al haber accedido a ese proceso liderado por el Vaticano y por los tres ex presidentes, porque le enfrió el poderoso movimiento de calle que se estaba forjando. Por eso, los análisis apuntan a que todavía el gobierno no siente mayor urgencia de hacer una negociación real, lo que confirma que todavía tiene capacidad de maniobra institucional y ascendencia militar.
De otro lado, la inhabilitación de Capriles, aunque cumple el objetivo parcial de sacarlo del camino electoral, puede servir de combustible a la oposición, que ve en la coyuntura actual quizá la última oportunidad de lograr un cambio político antes del próximo año.
A pesar del bochornoso capítulo protagonizado por el TSJ, la fiscal general no ha pasado de su declaración inicial y el Alto Mando Militar se mantiene en estricto silencio. Un paso al frente lo dio el defensor del pueblo, Tarek William Saab, actual presidente del Poder Moral, desestimando sanción alguna o remoción de los magistrados del ‘Madurazo’.
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“Las negociaciones sobre el poder se dan cuando perderlo es inevitable”, señala Alarcón. El chavismo aún no parece estar allí.
Con información de El Tiempo de Colombia
