Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) respalda las ventajas tributarias por 250 millones de euros (unos 303 millones de dólares) que Luxemburgo concedió a Amazon. Posterior a su aprobación, la Comisión Europea ordenó revertir las exenciones por considerarlas ilegales lo cual dio pie a una batalla contra ayudas fiscales concedidas por países comunitarios a compañías tecnológicas.
El Político
El fallo del tribunal, reseñado por Cinco Días, señala que no se ha probado la existencia de una ventaja selectiva a favor de una filial de Amazon en Luxemburgo. En ese sentido, anula la decisión de Bruselas en la que declara la ayuda incompatible con el mercado interno.
Entre sus argumentos para revertir la medida de Luxemburgo, la Comisión Europea alega que la empresa de comercio electrónico pagó cuatro veces menos impuestos que las empresas locales. Sobre esta denuncia, la reciente sentencia del tribunal considera que Bruselas no ha podido demostrar de manera suficiente la aplicación de una reducción indebida de la carga fiscal a la filial europea de Amazon.
Otra derrota judicial
El reciente fallo no representa la primera derrota judicial para Bruselas, que sostiene una lucha contra las medidas fiscales hacia grandes multinacionales. El tribunal de la Unión Europea anuló en otra oportunidad una decisión similar de la Comisión Europea; en esa oportunidad exigía a Apple la devolución de 13.000 millones de euros (15.700 millones de dólares) a Irlanda que consideraba ayudas fiscales.
En otra sentencia de este tipo, se le había pedido a Starbucks reintegrar 30 millones de euros (36,4 millones de dólares) a Holanda; y con 39 empresas belgas a las que se exigió factura fiscal por 700 millones de euros (849,4 millones de dólares).
Necesaria reforma legal
Las decisiones de la Comisión Europea en el ámbito fiscal han sido históricamente respaldadas por la justicia europea. Sucedió con la sentencia que confirma que la compañía francesa Engie está obligada a devolver 120 millones a Luxemburgo; o la que obligó a Fiat a devolver 30 millones, también a Luxemburgo.
En el balance de actuación de la Comisión Europea también hay fracasos que invitan a reflexionar acerca de la estrategia correcta en esta materia. Estas decisiones plantean la necesidad de realizar una reforma regulatoria que defina los límites de la fiscalidad comunitaria; más allá de adoptar un mayor rigor en la construcción de expedientes.
Esta reforma debe establecer normas fiscales claras y armonizadas en todos los estados miembros; al tiempo que debe servir de escudo legislativo para defender con solidez los intereses europeos en este tipo de conflictos.
