La administración del presidente Donald Trump consolidó una de sus victorias judiciales más significativas y de mayor alcance en materia de política migratoria. Esto luego de que un tribunal federal diera el visto bueno definitivo para reanudar y expandir de forma masiva las deportaciones rápidas de inmigrantes en EE.UU.
Redacción El Sumario
El veredicto fue emitido el 23 de junio por el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Washington D.C. El cual determinó revocar formalmente una orden judicial de primera instancia que mantenía congelada la medida.
Con esta resolución legal, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) obtuvo el aval legal definitivo para aplicar las llamadas deportaciones aceleradas en todo el territorio estadounidense.
Además elimina de forma drástica el requisito de otorgar una audiencia formal frente a un juez de inmigración para determinados grupos de extranjeros en situación irregular.
The D.C. Circuit has upheld DHS’s expansion of expedited removal. pic.twitter.com/HYknUsa41B
— Brett Shumate (@AAGShumate) June 23, 2026
Luz verde para ICE
La aplicación práctica de esta política transforma radicalmente la operatividad de los cuerpos de seguridad fronteriza dentro de la nación. Y rompe con los límites geográficos tradicionales que regían estos procedimientos de control.
Históricamente, el mecanismo de expulsión exprés se encontraba reservado de manera casi exclusiva para aquellos inmigrantes indocumentados detenidos a escasas millas de la frontera sur. Por lo general terminaban siendo devueltos a México a los pocos días de su detención inicial.
En ese sentido, el DHS resaltó que desde que comenzó el plan de Trump en las fronteras ningún inmigrante indocumentado ha sido admitido para ingresar a EE.UU.
“Just over one year ago, we inherited the worst border in history, but I quickly turned it into the most secure border in the history of our country by far…in the past 13 months ZERO illegal aliens have been admitted into the United States.”@POTUS Trump pic.twitter.com/q7LhgiwP7x
— Homeland Security (@DHSgov) June 23, 2026
Bajo el nuevo esquema impulsado agresivamente por la Casa Blanca, los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) quedan plenamente facultados para arrestar y expulsar de forma rápida a personas en zonas alejadas de los límites fronterizos.
Ahora, se les permite aplicar la directriz a cualquier indocumentado que sea localizado en cualquier parte de la nación y que no logre demostrar con documentos en mano una residencia física continua de al menos dos años en el país.
El debate está servido
La resolución del caso se alcanzó mediante una cerrada votación de dos a uno dentro del panel de magistrados. Lo que dejó en evidencia las profundas divisiones ideológicas que permean el sistema judicial estadounidense.
El encargado de redactar la opinión mayoritaria fue el juez Justin R. Walker, junto a la jueza Neomi Rao —ambos designados para sus cargos por el propio Donald Trump. Ambos sostuvieron que el Congreso otorgó legalmente al Poder Ejecutivo todas las facultades necesarias para implementar este tipo de mecanismos expeditos.
En su argumentación, el magistrado Walker desestimó las acusaciones de inconstitucionalidad. Señaló que las directrices escritas del Gobierno federal no privan a los extranjeros de una oportunidad de ser escuchados. Debido a que los afectados reciben una notificación formal del proceso. Así como también conservan el derecho de presentar pruebas que demuestren su permanencia extendida en el país para frenar la medida.
Los altos funcionarios de la administración de Donald Trump celebraron la resolución del tribunal como una ratificación indiscutible de sus políticas de seguridad nacional. Es el caso del asesor jurídico del Departamento de Seguridad Nacional, James Percival, quien emitió comentarios al respecto en su cuenta de X.
For years, DHS has arbitrarily limited expedited removal to 14 days even though it applies to illegal aliens who entered the country illegally within the last two years. Today, the DC Circuit vindicated our decision to apply the law as written. It’s not too late to take a $2,600…
— James Percival (@DHSGenCounsel) June 23, 2026
Aseguró de manera contundente que la decisión del Tribunal de Apelaciones reivindica la postura legal y constitucional mantenida por la Casa Blanca desde el primer día. Lo que valida los esfuerzos estatales por agilizar el control de las fronteras interiores.
Con este espaldarazo judicial en el bolsillo, se prevé que el aparato de deportaciones de la actual administración intensifique de manera inmediata sus operativos en las principales áreas metropolitanas del país. Este avance marca un punto de no retorno en la batalla legal por el control migratorio de los Estados Unidos.
Críticas a la política migratoria de Trump
En la acera opuesta de la deliberación judicial, el juez Robert L. Wilkins, nombrado en su momento por el expresidente Barack Obama, emitió un enérgico y detallado voto disidente. En su argumento respaldó las denuncias de los grupos civiles.
El magistrado Wilkins alertó que ni el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ni el propio Departamento de Seguridad Nacional han logrado refutar con datos sólidos las denuncias. Estas apuntan a que, durante las fases previas de esta política agresiva, las autoridades migratorias terminaron deportando por error a personas que sí cumplían con los dos años de arraigo legal.
Esta postura disidente coincidió plenamente con los reclamos de la organización Make the Road New York. Entidad civil que encabezó la demanda colectiva inicial bajo la premisa de que la orden ejecutiva violaba de forma flagrante los derechos fundamentales al debido proceso consagrados en la Constitución.
