Este lunes 24 de febrero entró en vigor la nueva regla de carga pública, protocolo que regulará la manera en a partir de ahora que los empleados del gobierno federal de Estados Unidos determinarán si otorgan o no un beneficio migratorio, por ejemplo: una visa, una extensión de plazo de estadía o una residencia legal permanente (green card o tarjeta verde).
El Político
La nueva política cambia por primera vez un sistema que venía implementándose desde 1965, cuando el entonces presidente, Lyndon B. Johnson, promulgó la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que regula el sistema migratorio y determina quiénes son los extranjeros que pueden entrar y permanecer en el país, ya sea como no inmigrantes o inmigrantes.
En este sentido, sólo los refugiados, asilados y víctimas de trata de blancas o violencia de género quedan exentos de esa nueva regla.
A partir de ahora, la residencia permanente —la célebre «green card»— sólo se concederá a inmigrantes que demuestren que tienen suficientes ahorros o ganan el dinero necesario para no tener que cobrar subsidios.
Esa cantidad la estima el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. en 60.000 dólares paraban familia de cuatro miembros. Antes el límite estaba en 32.000 dólares (55.000 euros).
Si los funcionarios del servicio migratorio creen que un solicitante de la residencia permanente puede acabar beneficiándose de vivienda pública, pensiones o el sistema de seguro médico estatal pueden acabar denegándola.
En el trámite de esas solicitudes hay, desde esta semana, un factor a considerar que se conoce como «carga pública».
El fallo de la Corte Suprema a favor de los cambios de Donald Trump sobre el sistema migratorio no fue unánime: votaron a favor los cinco magistrados conservadores y en contra los otros cuatro.
Sonia Sotomayor, única juez de origen hispano, emitió un voto particular en el que acusó a sus compañeros de bancada de tener un claro favoritismo hacia Trump.
«No sé qué es más preocupante, que este Gobierno solicite esta decisión como si fuera un trámite o que esta Corte se la acabe concediendo», dijo la juez, que fue criticada después por el propio presidente, que le pidió a ella y a su compañera Ruth Bader Ginsburgh que «se recusen» en casos posteriores, sin especificar cuales.
Fuente: ABC
