Un mes después de las devastadoras inundaciones en el este de España, las autoridades han priorizado la reconstrucción rápida; sin embargo, los expertos sugieren “construir de manera diferente”, buscando una mejor integración con el entorno y reubicando los barrios propensos a inundaciones.
La magnitud de la destrucción ha sido “histórica” en la región de Valencia, donde cerca de 80 municipios sufrieron daños severos debido a las lluvias torrenciales y riadas del 29 de octubre, según un informe del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE).
El temporal dejó un rastro de pueblos desfigurados e infraestructuras dañadas, resultando en al menos 230 muertes en España, principalmente en la Comunidad Valenciana (222 fallecidos), convirtiéndose en la peor catástrofe natural del país desde las inundaciones de 1973.
Marta Vall-llossera, presidenta del CSCAE, enfatiza que la reconstrucción debe llevarse a cabo con “mucha empatía”, en un contexto “muy dramático”, aplicando rigor técnico y responsabilidad.
Con el cambio climático, estos fenómenos serán “cada vez más intensos” y “frecuentes”, añadió Vall-llossera, abogando por ciudades con “espacios verdes, menos vehículos” y “pavimentos más permeables” que ofrezcan una mejor respuesta ante el calor extremo y las “lluvias torrenciales”.
Fuera de las zonas inundables
En el área metropolitana de Valencia, la expansión urbanística de los años 60 aumentó el asfaltado del terreno, haciéndolo más susceptible a inundaciones debido a que el hormigón impide la absorción del agua.
Paiporta, considerado el epicentro de la catástrofe, vio cómo sus principales carreteras se convirtieron en torrentes de lodo el 29 de octubre.
En la Comunidad Valenciana ya existe un plan territorial para prevenir riesgos de inundación, aprobado en 2003; sin embargo, no es vinculante y no tiene prioridad sobre los planes municipales, explica María Jesús Romero Aloy, experta en derecho urbanístico y profesora en la Universidad Politécnica de Valencia.
Este plan indica que la Comunidad Valenciana representa el 5% del territorio nacional en riesgo de inundación, pero ha experimentado el 20% de los episodios de lluvias intensas en la última década. El mayor riesgo se concentra en el 12% de la región, afectando a 600.000 habitantes.
La autoridad regional recomienda que los propietarios tengan escaleras interiores para acceder al tejado y puertas y ventanas estancas hasta 1.30 metros. Esto podría haber evitado muchas muertes por atrapamiento en plantas bajas, sostiene Romero Aloy, quien también sugiere considerar la reubicación de construcciones fuera de las zonas propensas a inundaciones.
En la actualidad, un propietario tiene derecho a reconstruir en su parcela inundada, incluso si está en una zona de alto riesgo. La única opción para impedirlo es la “expropiación forzosa”, como ocurrió en Onteniente en 2019, donde se eliminó un barrio para convertirlo en un parque inundable.
Sin embargo, tanto autoridades como vecinos son reacios a esta solución debido a la escasez de vivienda.
“Barreras naturales”
Un mes después de las inundaciones, Federico Jesús Bonet, consejero territorial del gobierno regional valenciano e ingeniero civil, señala que hay una creciente sensibilización entre la población para promover cambios. Proyectos que habían estado pendientes ahora serán revisados, incluyendo la construcción de presas o desvíos de cauces.
Rafael Delgado, especialista en gestión territorial y prevención de riesgos, propone proteger al máximo los municipios afectados mediante “barreras naturales”, creando una estructura óptima del bosque para amortiguar caudales y zonas intermedias que favorezcan la infiltración del río.
En Valencia, que se libró de las recientes inundaciones, el río que atraviesa la ciudad fue desviado tras las destructivas riadas de 1957; ahora hay un parque urbano de 110 hectáreas donde antes estaba el Turia.
