La compañera sentimental del ministro de la Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, Vivian Arlet Ruíz Barrera, sería una de las propietarias de Shasta, una aplicación móvil usada para estafar en España a cientos de personas.
El Político
A través de esta APP se ofrecía trasladar dinero de Venezuela a España, pero la aplicación fue usada finalmente para lavar dinero de funcionarios militares del régimen de Caracas.
Ruiz Barrera, constituyó, según el portal Moncloa.com, tres empresas en Venezuela asociada con Leonardo Montbrun, uno de los fundadores de Shasta. Se cree que Montbrun podría estar preso en Dubai, aunque no se ha podido confirmar tal hecho.
Las empresas en las que aparece Vivian Arlet Ruíz Barrera junto a Leonardo Montbrun como socia son: Viajes Montbrun y Asociados, C.A, registrada en la Caracas, en el Registro Mercantil Primero del Distrito Capital y del Estado Miranda, donde ella aparece como la presidenta, y Leonardo Montbrun y Luis Alfredo González Montbrun como accionistas.
Las otras compañías son Viajes Montbrun y Asociados S,L, registrada en Barcelona, España; y Leovivpad Research C.A, registrada en el estado Barinas, donde ella aparece como la directora y él como accionistas.
De acuerdo con Moncloa.com, los vínculos de Montbrun con Ruíz lo llevaron a obtener ciertos privilegios dentro del régimen venezolano, como la asignación exclusiva de todos los viajes de la aerolínea venezolana Conviasa, así como colocaciones bancarias de la petrolera venezolana PDVSA, Pequiven y del propio ministerio de la Defensa de Venezuela.
Banco BNC da la alerta
Todo queda al descubierto cuando un mayor general intentó depositar parte del dinero en el Banco Nacional de Crédito y la operación fue rechazada.
Se cree que hay más de 100 oficiales y funcionarios venezolanos que fueron estafados pero que por la naturaleza del negocio y por no tener justificación del origen de los fondos, no se atrevieron a denunciar.
En Venezuela, por el caso Shasta, está detenido el español Alex Sicart desde agosto del 2021. Está procesado por delitos de estafa, asociación para delinquir y legitimación de capitales.
En España el proceso judicial es contra Daniel Paloma, otro de los implicados en la trama de lavado y estafa.
La pareja de Vladimir Padrino López usó sus vínculos dentro del ministerio de Defensa para captar militares con promesas de sacarles el dinero obtenido de fuentes oscuras de Venezuela a España.
Tal para cual
Vladimir Padrino López, titular del despacho castrense en Venezuela desde hace 8 años, es conocido por ser una de las cabezas del chavismo, reconocido internacionalmente por ser el responsable de múltiples violaciones de derechos humanos y por haber sido sancionado por el Gobierno de Estados Unidos. En 2015, deja a su esposa Yarazedt Betancourt, por Vivian Ruiz.
Supuestamente esta relación habría sido el canal de la novia de Padrino López para hacer conexiones con militares de alto rango que se encuentran entre las víctimas de estafa cometidas a través de la aplicación Shasta.
Ninguno de los estafados se atreve a denunciar, pues no tenían cómo justificar el origen de los fondos que intentaron sacar de Venezuela y que les robaron.
Fiscal Aguilera
En Venezuela, el Ministerio Público tiene abierta una averiguación sobre las estafas de Shasta, que está en manos del fiscal Vladimir Enrique Ángel Aguilera, fiscal 38 nacional. Dicho funcionario no quiso aportar ninguna información, alegando que estaba reservada para terceros.
A pesar que el Ministerio Público venezolano tiene una investigación en curso, no se ha hecho mayor cosa, pues la implicación de la pareja sentimental del ministro de la Defensa, evidentemente limita las actuaciones que pueda hacer el organismo.
Tras este escándalo, fuentes militares aseguran que algunas de las víctimas han recibido pagos gestionados por los abogados de las personas implicadas, a cambio de que no trascendiera información sobre la implicación del ministro de la Defensa y su pareja y que muchos otros.
Otras de las víctimas han preferido que no salga a la luz información sobre la cantidad de dinero que Montbrun y sus socios les quitaron, por temor a represalias por parte de la cúpula política y militar venezolana.
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