Una comisión parlamentaria de Guatemala consideró hoy lesivo un nuevo contrato con la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), que se vio implicada en un caso de corrupción en la mayor portuaria del país.
El presidente de la Comisión de Probidad del ente Legislativo, el opositor Amílcar Pop, señaló que en el dictamen emitido, tras reunirse con las diferentes partes implicadas, se hace constar «una serie de ilegalidades» que llevan a la conclusión de que el nuevo contrato no debe ser aprobado.
La trama de corrupción TCQ, dada por las obras de ampliación de Puerto Quetzal, la mayor portuaria de Guatemala, era una red supuestamente liderada por el exmandatario Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, ambos en prisión preventiva.
De acuerdo con la investigación, Pérez Molina y Baldetti exigieron el pago de un soborno de unos 30 millones de dólares para la adjudicación del proyecto, de los que 24,5 estaban destinados a los socios locales (entre ellos los dos exfuncionarios), cinco millones a unos socios argentinos y 500.000 dólares para gastos.
La ampliación del puerto, en el departamento sureño de Escuintla, se produjo a través de un usufructo entre TCQ y la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), que firmaron un contrato por 25 años prorrogables por un terreno de unas 34 hectáreas.
La holandesa APM Terminals es dueña del 85 % de TCQ, que administra la terminal y las obras de ampliación del Puerto Quetzal, mientras que el otro 15 % es propiedad de la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del Grupo Banco Mundial.
La firma holandesa pagó en septiembre 32,7 millones de dólares correspondientes a una multa total de 43,2, aunque estos fondos no estarán disponibles hasta que el Congreso apruebe el convenio que se negoció con la empresa tras la desarticulación de la trama.
El usufructo será reemplazado, a través de una iniciativa de ley, para permitir que EPQ pueda otorgar una concesión directa a TCQ, pero el Congreso de Guatemala, de quien depende la aprobación final de todos estos puntos, aún no lo ha conocido en pleno.
Según la comisión parlamentaria, la Procuraduría General de la Nación, una de las entidades que negoció el nuevo acuerdo y que lo defiende, al igual que el presidente Jimmy Morales, está otorgando «privilegios a favor de empresas privadas».
En concreto, dijo el diputado Pop, al dar en concesión por más de 20 años el servicio de la EPQ «se violentan» varios aspectos de la ley local, «se generan beneficios de un monopolio, se elimina el servicio estatal y se violan» artículos como que el Estado «no puede concesionar un servicio que le representa utilidades».
Actualmente, EPQ genera utilidades de aproximadamente 100 millones de quetzales (13,3 millones de dólares), pero con la concesión, dijo, se reducirían a 20 millones de quetzales para el Estado (unos 2,6 millones de dólares).
En conclusión, manifestó el legislador, el Congreso no debe avalar ni aprobar este contrato por violar la ley y propiciar un monopolio privado.
«El Congreso no debería prestarse a dar legalidad a un contrato que nació ilegal y, peor aún, se ventilan en los tribunales los mecanismos de corrupción utilizados para darle vida al contrato», zanjó.
Con información de: EFE
