La Comisión Europea denunció este martes a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) por no recuperar las ayudas ilegales concedidas a algunos operadores para el desarrollo de la televisión digital terrestre (TDT) en zonas remotas de Castilla-La Mancha y otras regiones, ni suspender el pago de estos subsidios tras otras sentencias de los tribunales europeos.
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Bruselas consideró ilegales una serie de apoyos a la digitalización de la red de televisión en algunos lugares de difícil acceso, en dos decisiones de 2013 y 2014 que fueron recurridas sin éxito por las autoridades. Por ambos fallos, España debe recuperar 260 millones de euros en un caso y casi 44 millones en el otro.
La compañía Abertis fue la principal beneficiaria de estas subvenciones. Muchos operadores locales que también recibieron los citados fondos no tuvieron que devolverlos, porque no superan el umbral mínimo para ser considerados ayudas públicas por Bruselas.
Neutralidad tecnológica
Sin embargo, en estos casos, el Ejecutivo comunitario concluyó que las medidas tomadas por las autoridades españolas «únicamente beneficiaban a la tecnología digital terrestre, infringiendo este principio», y también implicaban una discriminación entre distintos operadores terrestres.
La Comisión constató que las autoridades apenas recuperó un 2% (5,5 millones de euros) de los 260 millones que debía recuperar por el primer expediente y «nada» de la cantidad calculada en el segundo. Además, indicaron los servicios comunitarios, España «sigue pagando» por el funcionamiento y mantenimiento de partes de la red de TDT, lo que supone incumplir las decisiones.
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«Como consecuencia del retraso en la aplicación de las decisiones, el falseamiento de la competencia en el mercado correspondiente no se ha detenido», criticó Bruselas, que se mostró «especialmente preocupada por la continuación del pago de subvenciones ilegales» en detrimento de otros operadores.
Con información de ABC de España
