Miles de separatistas catalanes se congregaron el domingo en Barcelona para protestar por una serie de impugnaciones legales del gobierno español a políticos independentistas.
Varios legisladores catalanes deben responder en las cortes a demandas entabladas por el gobierno en Madrid por haber realizado en 2014 un referendo sobre la secesión en desacato a una orden judicial y por haber propuesto leyes regionales para preparar el camino a la separación.
Entre ellos se encuentran el expresidente regional Artur Mas y la actual presidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell. Ambos asistieron a la protesta del domingo.
Grupos de activistas dijeron que organizaron una flota de 150 grandes autobuses para traer a manifestantes desde zonas rurales y pequeñas poblaciones para participar en el acto cerca de la Plaza de España en Barcelona.
Jordi Cuixart, presidente de Omnium, un grupo de base, dijo a la multitud que agitaba banderas independentistas que quería enviar «un mensaje al estado español».
«Si atacan a cualquier cargo electo atacan a las instituciones catalanas y si atacan a las instituciones catalanas atacan a un pueblo y toda su soberanía», dijo. Añadió que defenderán a sus representantes electos hasta el final.
El separatismo ha ganado fuerza en los últimos años en esta rica región noroccidental de España donde se habla catalán a la par del español. Los separatistas dicen que Cataluña paga más impuestos de lo que debe al estado español.
En 2014, el entonces presidente Mas desacató una orden de la Corte Constitucional de suspender un referendo informal sobre la secesión. El referendo se realizó, con voluntarios en los lugares de votación. Casi el 90% de los votos fueron a favor de la independencia, pero solo votaron 2 millones de los 5,4 millones de empadronados.
Las encuestas revelan que de los 7,5 millones de habitantes, aproximadamente la mitad están a favor de cortar los vínculos varias veces centenarios con el resto de España.
El presidente regional Carles Puigdemont piensa convocar a un nuevo referendo para septiembre.
«La solución de la demanda catalana es política y no judicial», dijo en un acto en su pueblo natal.
El gobierno español sostiene que las regiones no tienen el derecho constitucional de realizar referendos que afectan la integridad del país.
Con información de Terra
