El presidente Joe Biden a través del poder del Departamento de Educación pretende detener los esfuerzos de padres y representantes para eliminar libros y textos sexualmente explícitos en bibliotecas de las escuelas públicas.
El Político
Esto viene a ser la última de una serie de medidas destinadas a neutralizar las iniciativas de padres y representantes, preocupados por el silencio que observan sobre lo que los niños leen aprenden de textos en las escuelas públicas y, en este caso en particular, sobre material y temas sexuales.
Por qué es importante
Biden quiere que su gobierno tenga la autoridad para vetar la decisión de un distrito escolar en torno a los contenidos que pudiesen estar en cualquier biblioteca escolar.
El último choque se produjo luego de una investigación en las bibliotecas públicas del Condado de Forsyth (FCPS), a las afueras de Atlanta, según revela el portal The Federalist.
La investigación reveló que en las bibliotecas escolares de dicho distrito escolar se encontraban textos contentivos de «material sexual inapropiado para la edad«.
El distrito escolar limitó el alcance de esta revisión a los libros con «contenido sexualmente explícito o pornográfico evidente».
Sin embargo, nadie que lea los extractos pertinentes de estos libros puede afirmar que las descripciones gráficas de desnudez, sexo oral, agresión sexual y otros comportamientos sexuales aparecen o cumplen la norma razonable del distrito de contenido inapropiado para niños en edad escolar.
Se abre una investigación
Aunque el proceso de revisión se centró exclusivamente en el contenido sexual, terminó con la devolución de casi todos los libros inspeccionados en las estanterías de las bibliotecas escolares.
La Oficina de Derechos Civiles (OCR) del departamento de Educación abrió una investigación para determinar si la revisión de libros del distrito había creado un «ambiente hostil» por motivos de raza y sexo que dicho distrito escolar no había remediado.
En lugar de exponerse a sanciones federales, las FCPS interrumpieron la investigación mediante la firma de un acuerdo de resolución con la OCR.
Una disposición especialmente preocupante de ese acuerdo «voluntario» exige que el distrito escolar emita una declaración en la que asegure a los estudiantes «que se esfuerza por ofrecer una perspectiva global y promover la diversidad» en la conservación de su catálogo de la biblioteca. Pese al hecho de que ninguna ley federal de derechos civiles obliga a tales actos de culto a la llamada diversidad, equidad e inclusión.
La OCR ya está investigando al Distrito Escolar Independiente de Granbury, en el norte de Texas, por la retirada de libros de contenido sexual explícito de las bibliotecas escolares.
Granbury, una ciudad conservadora de 11.000 habitantes, es un blanco fácil para la administración Biden.
El acuerdo de FCPS sirve de plantilla para obligar a Granbury y a otros distritos escolares de todo el país a acatar las normas de la OCR sobre el contenido de los libros que deben estar a disposición de los escolares.
¿Quiere Biden imponer un código de lectura?
El plan de Biden para imponer un código de bibliotecas escolares adolece de al menos un defecto importante, y es que no tiene autoridad legal para llevarlo a cabo.
La ley federal de derechos civiles no prohíbe que los distritos escolares decidan no ofrecer contenido sexual gráfico en las estanterías de sus bibliotecas.
De hecho la ley que estableció el departamento en 1979 prohíbe específicamente a la OCR vigilar tales decisiones, negando a la agencia federal cualquier autoridad «sobre la selección o el contenido de los recursos de la biblioteca.»
Más bien, el Congreso expresó su intención de reservar a los gobiernos estatales y locales una mayor autoridad sobre la política educativa, incluida la oferta de bibliotecas escolares.
Al reconocer que «en nuestro sistema federal, la responsabilidad pública primaria de la educación está reservada respectivamente a los Estados y a los sistemas escolares locales y otras instrumentalidades de los Estados».
Conclusión
Los críticos del gobierno de Biden, sostienen que el mandatario ignora estas salvaguardias vitales, basadas en la Constitución y destinadas por el Congreso a impedir que el departamento se convierta en un consejo escolar nacional.
Califican la interferencia del Departamento de Educación de Biden en las decisiones sobre las bibliotecas escolares como ilegal. Pues en su opinión está calculada para intimidar a los padres y a los distritos escolares que quieren asegurarse de que los niños no lean contenido sexual gráfico en la escuela.
Quienes cuestionan la medida consideran que la verdadera violación de los derechos civiles es la intromisión de la OCR en los derechos de la Primera Enmienda con respecto a qué libros son apropiados para los estudiantes de las escuelas públicas.
Argumentan además que la autoridad del presidente para silenciar a los padres preocupados e impedir que los distritos escolares seleccionen los libros de la biblioteca no es más que ficción.
