La Contraloría General del Estado emitió los resultados de un examen especial a la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom). En ese informe, que cubre la administración de esa entidad entre el primero de agosto de 2013 y el 31 de agosto de 2015, se detallan varias supuestas irregularidades, sobre todo en materia de contratos, la presunta promoción de candidatos del partido de Gobierno con fondos de la Secom y hasta el cobro de horas extras por parte de funcionarios sin cumplir disposiciones legales.
El exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado aclaró que al no terminarse el proceso, ya que luego de este informe se espera otro más sobre las determinaciones de responsabilidad, tanto administrativas como penales, cualquier referencia sobre culpabilidades resulta “infamante” (sic).
“El informe actual –dice Alvarado, quien hoy es ministro de Turismo– es el resultado de la auditoría gubernamental y sirve de referencia para el inicio de un proceso, pero no significa que existan responsabilidades confirmadas, ya que esto solo es posible con la resolución de la autoridad competente. En consecuencia, en esta etapa hablar de sanciones, de acusados, de culpables, etcétera, a través de medios de comunicación y redes sociales, es por demás infamante”.
Uno de los puntos más controversiales del informe es el del convenio de pago a la empresa Ecuadetalles, sobre el cual la Contraloría establece que presuntamente “los recursos asignados a la Secom, fueron utilizados para efectuar el seguimiento y la presentación de candidatos políticos”.
“La Subsecretaría de Promoción de la Comunicación solicitó se cancele 23.252,50 USD a través de convenio de pago a la Compañía Ecuadetalles S.A. Impulsa Ecuador, para que brinde el servicio de call center, evidenciándose en correos electrónicos que la empresa realizó el seguimiento y la presentación de candidatos políticos de un movimiento político, lo que ocasionó que se utilicen recursos públicos para promocionar a dicha organización política”, dice el informe.
Según la Contraloría, el párrafo cuarto del artículo 219 de la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia, señala que “se prohíbe a los servidores, servidoras, organismos o instituciones públicas, la utilización de los recursos y bienes públicos para promocionar sus nombres o sus organizaciones políticas en las instituciones, obras o proyectos a su cargo”.
En varios descargos de los funcionarios de la Secom, se explica que el servicio que dio la empresa se enmarcaba en las actividades del Presidente de la República. Sin embargo, Contraloría deja en claro que “las opiniones vertidas por los servidores, no modificaron el comentario de auditoría, ya que en la documentación que respalda el pago del servicio, constan correos electrónicos en los cuales indica que el servicio fue como un aporte al partido político y no como Secom”.
La Contraloría, en su auditoría a la Secom, encontró dos correos electrónicos que podrían demostrar que esa institución utilizaba los servicios de una empresa para promocionar a candidatos del partido de Gobierno.
La subsecretaría de Promoción de la Comunicación de la Secom envió el 2 de enero de 2014, en plena campaña electoral de gobiernos seccionales, un email a la compañía que proveía de servicios de call center. “Adjunto te envío las radios a reconfirmar el enganche en Guayaquil al saludo Señor Presidente, y presentación de Candidatos, como representante del Movimiento Alianza País (Presidente)”.
Luego, el 30 de enero de 2014, la funcionaria escribió: “Por favor tu apoyo enganchando las radios de las siguientes Provincia… por favor tomar en cuenta que es un tema político por los (sic) cual solicito de manera muy especial nos manejemos como Alianza País, como lo hicimos en los Mitins anteriores… En caso que necesiten la carta de Alianza País que te enviamos la vez pasada, para aclarar que tienen derecho a transmitir cualquier evento de interés de la comunidad, enviárselas si lo quieren…”.
Con información de La Hora
