La Unión Europea (UE) calificó como arbitrarias las decisiones tomadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TS) manejado por Nicolás Maduro y la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, las cuales han iniciado una nueva persecución a diputados de la oposición.
El Político
El Grupo de Lima rechaza amenaza de adelanto de elecciones parlamentarias por gobierno de Maduro sostiene que cualquier amenaza «representa un abierto desafío a la democracia y a la Carta Democrática Interamericana» .
El comunicado emitido por la Unión Europea plantea que las decisiones arbitrarias y políticamente motivadas que fueron tomadas el 12 de agosto por la Corte Suprema de Venezuela y la Asamblea Constituyente no reconocida, contra la Asamblea Nacional y cuatro de sus miembros, Tomás Guanipa, José Guerra, Rafael Guzman y Juan Pablo García, constituyen otro ataque directo al único cuerpo elegido democráticamente en Venezuela.
Recuerdan que hasta el momento 25 legisladores han sido acusados por medio de procesos defectuosos y fueron despojados de su inmunidad constitucionalmente otorgada. Solo se puede lograr una solución pacífica y política si su trabajo político no se criminaliza y las actividades parlamentarias no se reprimen.
Tanto la Unión Europea como el Grupo de Lima sostienen que la solución a la crisis en Venezuela solo puede venir de un proceso negociado, que conduzca a elecciones presidenciales libres y creíbles.
La Constituyente (ANC), integrada solo por oficialistas, designó el lunes una comisión para evaluar el adelanto de las elecciones legislativas en Venezuela para este año, aunque están previstas para 2020.
El ambiente político se encuentra especialmente caldeado debido a las últimas medidas económicas acordadas por el Presidente Donald Trump, de lo cual se valió Nicolás Maduro para romper el diálogo en Barbados cuando su salida se veía como una posibilidad.
Sigue la represión
La represión continúa en un ambiente de hambre y desesperación, que sólo se limita a quienes reciben algún apoyo en dólares provenientes de negocios o de remesas procedentes del exterior.
Una muestra de esto es que el tribunal militar condenó a casi 6 años de prisión a sindicalista Rubén González, pese a ser un civil.
El secretario general de Sintraferrominera, una de las empresas del quebrado complejo industrial de Guayana, fue detenido el 30 de noviembre de 2018, en el contexto de protestas y reclamos por el respeto a los contratos colectivos y tablas salariales, como informa el portal Crónica Uno.
