La Unión Europea, que hace año y medio vivió una de las peores crisis migratorias de su historia con la llegada de un millón de personas, muchas huidas de la guerra en Siria, ha adoptado en los últimos meses un nuevo enfoque en política migratoria, que cada vez hace pensar más en una «fortaleza».
Clausurada la ruta de los Balcanes, y con el pacto suscrito con Turquía para la devolución de refugiados desde Grecia a ese país, la UE centra ahora sus esfuerzos en dificultar la llegada a territorio europeo de los inmigrantes «económicos», procedentes en su mayoría de los países africanos.
Para ello, la UE ha comenzado a trabajar en acuerdos, (o en jerga comunitaria «marcos de asociación») con cinco países africanos -Mali, Senegal, Etiopía, Níger y Nigeria-, que sirven de salida o tránsito de los inmigrantes.
El objetivo es dar a esos países incentivos, como inversiones o asistencia técnica, para que colaboren en el control de sus fronteras y, sobre todo, para aumentar las devoluciones de inmigrantes a sus territorios.
Otra de las prioridades que se han marcado los líderes europeos en los últimos meses es mejorar la seguridad de las fronteras exteriores.
A tal efecto, el pasado 6 de octubre se puso en marcha la Guardia Europea de Fronteras y Costas, con 1.500 agentes capaces de desplegarse en cualquier puesto fronterizo bajo presiones migratorias «desproporcionadas».
La nueva agencia responde a la constatación de que Frontex, la Agencia Europea de Control de las Fronteras Exteriores que venía funcionando desde 2005, no tenía la capacidad, los recursos ni las competencias para afrontar una oleada de refugiados.
La Agencia tiene ahora autoridad para vigilar y coordinar acciones e intervenir ante situaciones de urgencia si un país lo pide o, incluso, si así lo decide el Consejo (países de la UE), cuando un Estado miembro no puede o quiere actuar.
Alemania, con 225, Francia, con 170, Italia, con 125 y España, con 111, son los países que más efectivos aportarán a ese contingente de 1.500 guardias.
El Ejecutivo comunitario planteó el pasado abril un nuevo sistema basado en un reparto permanente para reubicar a los refugiados desde aquellos Estados miembros que reciben un número desproporcionado de solicitudes de asilo.
A los países del Este no les agradó el sistema, y abogaron en su lugar por una «solidaridad flexible», que permita a los Estados no interesados desligarse de sus compromisos.
Esta idea ha evolucionado hacia otra, presentada recientemente por Eslovaquia (país que ejerce la presidencia rotatoria del Consejo de la UE) que se define como «solidaridad efectiva», y consiste en ofrecer a los países que no acepten acoger refugiados, la posibilidad de liberarse de la obligación con otras alternativas.
En el caso de una alta ola de llegadas, se podría elegir la manera de participar en el esfuerzo colectivo, por ejemplo con la acogida de inmigrantes, con más apoyo financiero o ayudando de manera más activa en las operaciones de retorno de los inmigrantes.
Otra propuesta de la CE en materia de Interior que también evidencia el aumento de los controles, es la idea de un sistema para obligar a los ciudadanos de terceros países a los que no se exija visado a tramitar un permiso de entrada por internet para poder acceder a la UE.
El mecanismo, similar al ESTA que aplica Estados Unidos, prevé realizar comprobaciones de antemano y, si se considera necesario, posibilita el negar la entrada al viajero.
El nuevo sistema se aplicaría, entre otros países, a Estados Unidos, Canadá y Australia, Andorra, Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile o Perú.
Con información de: EFE
