Un reciente informe elaborado por el doctor Norman Lewis y publicado por el think tank MCC Brussels ha desvelado que la Unión Europea (UE) ha destinado cerca de 700 millones de dólares para financiar una red de proyectos orientados a controlar el debate público bajo la justificación de combatir el discurso de odio y la desinformación.
Según el estudio, la Comisión Europea ha canalizado estos fondos a través de 349 proyectos gestionados por ONG, universidades y centros de investigación.
Estas entidades, que no siempre rinden cuentas de manera transparente, han recibido recursos para promover iniciativas que, bajo la apariencia de fomentar la seguridad digital y la democracia deliberativa, estarían construyendo una infraestructura ideológica destinada a censurar contenidos críticos con la narrativa oficial de la UE.
El informe señala además importantes lagunas de transparencia en la asignación y supervisión de los fondos europeos, lo que genera preocupación sobre el posible uso indebido de dinero público para fines políticos y no necesariamente para satisfacer necesidades cívicas genuinas.
La dificultad para rastrear el destino de las subvenciones y la existencia de mecanismos de reasignación opacos refuerzan estas inquietudes.
Proyectos y programas implicados
Entre los programas financiados destacan iniciativas como VIGILANT, VERA.AI, ORBIS o FAST LISA, que, según MCC Brussels, tienen como objetivo identificar y neutralizar discursos considerados populistas, euroescépticos o contrarios a las políticas comunitarias.
Además, se han destinado fondos significativos a medios de comunicación alineados con la UE y a think tanks que abogan por una mayor integración europea.
El programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores (CERV) es uno de los principales receptores, con más de 1.500 millones de euros asignados en los últimos años para financiar ONG y entidades que promueven los valores de la UE y combaten la desinformación.
El informe advierte que, al centralizar el poder y silenciar voces disidentes bajo el pretexto de luchar contra la desinformación, la Comisión Europea podría estar erosionando la democracia y manipulando la opinión pública europea.
