«Compre estadounidense, contrate estadounidense»: Donald Trump intentaba el martes dar forma a su eslogan firmando un decreto para reformar el sistema de atribución de visas a trabajadores calificados, pero su margen de maniobra es limitado.
Al igual que la mayoría de los decretos firmados hasta ahora por el presidente republicano, se trata más de un llamado a propuestas de los diferentes ministerios que de cambios concretos en la vida económica del país.
Con este texto, que firmará en Kenosha (Wisconsin, norte), Trump busca alentar la modificación de las célebres visas H-1B, muy apreciadas por las firmas especializadas en las nuevas tecnologías, con el argumento de luchar contra el «fraude y los abusos».
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Estos permisos de trabajo de duración limitada destinados a científicos, ingenieros y analistas informáticos, son en particular la vía de entrada para numerosos programadores indios atraídos por Silicon Valley, entre otros. Estados Unidos entrega unas 85.000 por año.
El decreto ordena a los departamentos pertinentes (Trabajo, Justicia, Seguridad interior, Estado), luchar contra el fraude y proponer reformas para que el programa H-1B «recupere su objetivo inicial: dar visas a los postulantes más calificados para los puestos mejor remunerados».
«Durante largo tiempo, el programa H-1B ha sido aplicado de forma nefasta para los trabajadores estadounidenses», según la Casa Blanca, que estima que ha provocado la llegada de una ola de trabajadores relativamente poco calificados y mal remunerados en el sector tecnológico.
Trump no puede con su sola firma modificar el número de visas otorgadas y necesita una amplia reforma por parte del Congreso, pero la Casa Blanca espera con ello dar impulso a una eventual reforma legislativa cuyas características siguen siendo poco claras.
Inmigración «por mérito»
En su primer discurso ante el Congreso, el 1º de marzo, Trump había bregado por el abandono «del sistema actual de inmigración poco calificada». Usando como ejemplo a Canadá y Australia, insistió en que el país debe orientarse hacia un sistema «basado en el mérito».
El decreto que firmará el presidente también incluye el reclamo de «Compra estadounidense», que pide una aplicación más estricta de la legislación existente incitando a la utilización de productos fabricados en el país en los contratos públicos.
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La Alianza de industriales estadounidenses se congratuló de esta iniciativa. «Esa debería ser la política de nuestro gobierno, de maximizar la utilización de acero, hierro y bienes fabricados en el país comprados con dinero público. Estamos satisfechos de que el presidente esté de acuerdo con ésto», estimó el presidente de la Alianza, Scott Paul.
Al aproximarse el mojón de los 100 días de mandato, esta visita a Wisconsin adquiere un simbolismo político especial.
Trump derrotó por escaso margen a su rival demócrata Hillary Clinton en este Estado, una hazaña si se tiene en cuenta que ningún candidato republicano a la Casa Blanca triunfaba en él desde 1984.
Pero la elección del 8 de noviembre ya parece lejana y la cota de popularidad del mandatario se mantiene muy por debajo de la de sus predecesores en el mismo período.
Su firmeza en relación a Siria y Corea del Norte fue recibida positivamente en la escena internacional, pero Trump sabe que el balance de su gestión interna es esquelético, luego del revés propinado por la justicia sobre la inmigración, y la bofetada infligida por el Congreso con el rechazo de la reforma del sistema de salud.
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Su amplia reforma fiscal, promesa central de su campaña, que debería incluir principalmente una reducción del impuesto sobre los beneficios de las empresas, tarda en concretarse, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, admitió el martes en declaraciones al Financial Times que probablemente siga demorada.
El objetivo inicial de hacer aprobar por el Congreso un proyecto sobre el tema antes de agosto «es muy optimista, e incluso irreal actualmente», reconoció, en una formulación que resume la incomodidad de la administración Trump al respecto.
AFP
