Miles de personas de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán podrían verse afectados en las protecciones humanitarias (TPS) después que un tribunal permitiera hacerlo a Donald Trump.
El Político
El Tribunal Federal de Apelaciones del 9no Circuito retiró una medida cautelar que había impedido que el gobierno diera fin al Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) para las personas procedentes de esos cuatro países afectados por desastres naturales y guerras civiles.
AP reportó que la orden también se aplica a beneficiarios de Honduras y Nepal, que demandaron por separado pero están sujetos al fallo del lunes según un acuerdo alcanzado por abogados de ambas partes, dijo Ahilan Arulanantham, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) del Sur de California, que presentó argumentos en favor de los beneficiarios del TPS.
Desde 1990, dicha política gubernamental ha otorgado un estatus legal temporal, que a menudo se prorroga. Pero el gobierno de Trump decidió ponerle fin para varios países, con el argumento de que las condiciones que justificaban recibir protección en Estados Unidos ya no existen.
Esa decisión había estado en pausa desde los primeros meses del gobierno de Trump, incluso aunque ha restringido otras formas de estatus humanitario en Estados Unidos, tales como el reasentamiento de refugiados y el acceso al asilo.
Un panel de tres jueces del 9no Circuito en Pasadena, California, rechazó los argumentos de que el gobierno no siguió los procedimientos adecuados, y que comentarios racialmente motivados del presidente y sus asesores acerca de algunos de los países favorecieron la decisión de poner fin al TPS.
La ACLU hizo notar que, en 2017, Trump dijo sobre inmigrantes recién llegados de Haití que “todos tienen sida”, y que los nigerianos, una vez que vieran Estados Unidos, nunca “regresarían a sus chozas” en África.
La presión de la Casa Blanca sobre el Departamento de Seguridad Nacional para poner fin al TPS no demuestra que hubo una motivación racial y “no fue inusual ni inadecuada”, escribió la jueza Consuelo Callahan, que fue nombrada al puesto por el presidente George W. Bush. Hizo notar que el gobierno extendió el TPS para otros países no europeos de población que no es de raza blanca en general.
El Departamento de Justicia recibió el fallo con beneplácito, y dijo que las acusaciones de que las decisiones sobre el TPS estuvieron motivadas por la raza eran infundadas.
Personas originarias de Honduras, Nepal, Haití, Nicaragua y Sudán podrían verse obligadas a irse a partir del 5 de marzo, dijo Arulanantham. Los salvadoreños tendrían hasta el 5 de noviembre de 2021, de acuerdo con un pacto separado alcanzado entre Estados Unidos y gobiernos de El Salvador.
