¿Qué pasará con los activos venezolanos?, es la pregunta surgida, tras el cese de las funciones del gobierno provisional de Juan Guaidó.
El Político
Para comprender qué pasó con los recursos económicos de Venezuela, hay que entender el contexto, complejo por demás, que gira en torno a esos bienes.
En principio, EEUU no reconocía al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Por el contrario sí reconocía al gobierno provisional de Juan Guaidó, junto a otros 40 países, que le dieron su respaldo al joven presidente encargado.
En ese contexto, surgieron las sanciones económicas hacia el régimen chavista madurista. Por lo que el régimen no pudo volver a manejar recursos venezolanos ubicados en la banca internacional.
El gobierno provisional de Juan Guaidó contaba con el Consejo de Administración y Protección de Activos, el Consejo para la Administración de Gastos, Seguridad y Defensa de la Democracia.
La ratificación de la @AsambleaVE y el Gobierno Encargado fue un paso fundamental para mantener la protección de los activos de Venezuela en el exterior.
Agradecemos al Gobierno de los EEUU por esta acción significativa en defensa de un futuro posible para los venezolanos. https://t.co/ghFTEiR7Yf
— Juan Guaidó (@jguaido) January 20, 2022
Nuevos representantes internacionales
Pero una vez que cesaron sus funciones, el artículo 20 del Estatuto de Transición los diputados de la AN de 2015 prevé la posibilidad de que la AN de 2015 designe nuevos representantes internacionales que no serán embajadores. Pero que actuarían ante organismos internacionales de derechos humanos o países donde existan activos de Venezuela.
El Estatuto de Transición especifica que los representantes internacionales que se designen en lo sucesivo tendrá autorización para actuar en la protección de los activos venezolanos que se encuentran en Estados Unidos, Reino Unido o donde sea requerido.
Estos pueden ser designados por la presidenta de la AN. Pero dependerán de la autorización de la comisión delegada.
En este sentido, Dinorah Figuera, presidenta de la nueva junta directiva de la AN de 2015, aclaró el pasado 9 de enero que conformarían un consejo de protección de activos en el exterior, con cinco miembros designados por la AN.
En este sentido Figuera dijo que: «se va a generar un órgano autónomo de competencias ejecutivas que permita tomar decisiones para proteger los activos. Y que también va a tener su coordinador y dictar un reglamento de funcionamiento».
Este consejo de administración y protección de activos tendrá «funciones financieras, administrativas y de representación judicial, cuya labor será supervisada por un consejo ciudadano».
#COMUNICADO| El Gobierno de Estados Unidos concede licencia general a la legítima #AsambleaVE 2015 para la defensa democrática de los activos. pic.twitter.com/aalRXZEVTJ
— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) January 10, 2023
Conceden licencia general al Parlamento de 2015
En paralelo, en la cuenta en Twitter de la AN, se informó que la administración Biden concedió una licencia general al Parlamento de 2015 para la defensa «democrática de los activos».
En este sentido, la licencia del Departamento del Tesoro de EEUU sustituye a la licencia que publicó en enero de 2021 y elimina cualquier alusión a Guaidó.
La nueva licencia indica que los ciudadanos estadounidenses están autorizados a tener transacciones —prohibidas antes por las sanciones a Venezuela— con las personas electas por la Asamblea Nacional venezolana; entre ellas, sus miembros y su personal.
A pesar del mensaje de tranquilidad que ha querido enviar la AN de 2015, todavía no está muy claro si los activos que estaban en manos del gobierno interino seguirán protegidos.
El abogado constitucionalista José Ignacio Hernández dijo que EEUU y Reino Unido deben declarar, de forma inequívoca, la capacidad del consejo de protección de activos para representar legalmente a Venezuela y proteger los activos en el extranjerohttps://t.co/rYnlll0bQT
— Runrunes (@RunRunesWeb) January 17, 2023
Activos en riesgo
Por su parte, José Ignacio Hernández, abogado constitucionalista, profesor de derecho constitucional, investigador de la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard, y quien además fue procurador del gobierno interino de Guaidó durante 16 meses, expresó que: «los activos externos de Venezuela en el Reino Unido y en Estados Unidos hoy se encuentran en riesgo, debido a la decisión de los diputados».
Según Hernández: «para proteger los activos venezolanos en el exterior, el orden lógico de decisiones sería que los poderes ejecutivos de Estados Unidos y del Reino Unido emitan declaraciones, en las cuales conste que, a efectos legales, la representación de la República Bolivariana de Venezuela recae en el nuevo órgano que representará al gobierno provisional, que ya no puede ser el presidente encargado y que sería entonces el consejo de protección de activos de la AN de 2015.
Hernández recalcó que: «Estados Unidos debería emitir otra certificación, para que los miembros de ese consejo de protección de activos puedan representar a la República y al Banco Central de Venezuela – BCV en las cuentas bancarias».
🛑 El Gobierno de Maduro y la oposición venezolana firmaron "dos acuerdos parciales" sobre la Guayana Esequibo y la recuperación de los activos venezolanos en el exterior para impulsar la economía ante la pandemia.
Retomarán las negociaciones del 24 al 27 de septiembre en 🇲🇽. pic.twitter.com/3FfO89jF0p
— Lila Abed (@lilaabed) September 7, 2021
Mesas de dialogo
Mientras tanto, los diálogos entre la alianza opositora y el régimen de Nicolás Maduro, que han activado y se han detenido, en México, han avanzado apenas un poco en materia de recursos del Estado venezolano.
El mal llamado reinicio de las negociaciones se produjo el 26 de noviembre de 2022, cuando las delegaciones encabezadas por el opositor, Gerardo Blyde, y el negociador del régimen, Jorge Rodríguez, comparecieron en México.
Antes del viaje, ambas partes firmaron dos documentos previamente acordados. Se trataba del segundo acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano y un anexo sobre la puesta en funcionamiento del acuerdo.
En ese documento las partes se comprometieron a designar comisiones técnicas que serían notificadas a la cancillería de Noruega, en un plazo de 24 horas, lo cual nunca ocurrió.
El acuerdo firmado establecía que las partes han identificado recursos pertenecientes al Estado venezolano, congelados en el sistema financiero internacional, a los cuales sería posible acceder. Pero siempre y cuando se logren obtener las autorizaciones que competen a instituciones y organismos competentes.
Tanto la alianza opositora como el régimen, han calculado entre 3.000 y 5.000 millones de dólares que pondría haber en el fondo creado.
🇻🇪La oposición venezolana sustituyó a Juan Guaidó por tres mujeres y busca continuar con un gobierno paralelo. Residen en España y EEUU y buscan seguir controlando los activos venezolanos en el exterior.
Se trata de Dinorah Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vázquez. pic.twitter.com/Zl0l2lNyIQ— miabagon (@miabagon) January 10, 2023
¿El dinero también es parte de la negociación?
Tras la firma del acuerdo social, la oposición esperaba retomar las conversaciones en breve, sobre los aspectos políticos y humanitarios. Condiciones para las elecciones, que teóricamente tendrán lugar en el año 2024.
Liberación de presos políticos eran temas de la agenda opositora. Mientras la petrolera Chevron comenzaba a operar con la estatal Pdvsa y preparaba embarques de crudo hacia EEUU,
El régimen de Maduro se negó a realizar una nueva ronda de negociaciones durante el mes de diciembre.
En paralelo, en Washington se maneja la cifra de apenas 175 millones de dólares, que pudieran ser objeto de liberación por parte del Departamento del Tesoro.
La idea sería colocar esos fondos en manos de la ONU, para cubrir los supuestos planes acordados entre el régimen y la alianza opositora, para la protección social del pueblo venezolano.
