Un cura es juzgado en España por el delito de abuso sexual a un menor, cuya pena asignada por la Fiscalía es de nueve años de prisión, y la acusación particular eleva su petición a 26 años.
Redacción El Político
El sacerdote lleva por nombre Román, quien pertenece a la diócesis de Granada (sur). El padre negó ante el tribunal cualquier tipo de abuso sexual que lo relacionaba con el denunciante, quien es un joven que ejercía de monaguillo en la iglesia que dirigía el sacerdote.
La causa tiene su origen en la denuncia que este joven interpuso en octubre 2014 por supuestos abusos sexuales cuando tenía entre 14 y 17 años, época en la que ayudaba voluntariamente en labores relacionadas con la iglesia y pasaba temporadas en una residencia religiosa en la que convivía con sacerdotes y algunos seglares, según reseñó EFE.
Realizó la denuncia después de recibir en agosto una llamada telefónica del papa Francisco, que le pidió perdón en nombre de la Iglesia Católica tras leer el escrito en el que le relató los hechos, según relató el denunciante a una publicación religiosa.
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En la investigación también estaban incluidos otros nueve sacerdotes y dos seglares, aunque solo detuvieron a tres curas y un laico y finalmente solo se enfrenta al juicio el padre Román, ya que los demás dejaron de estarlo al considerar la Audiencia de Granada que los delitos habían prescrito.
Este sacerdote insistió hoy ante el tribunal en que su comportamiento respondía a un proceder de «amor cristiano» en el que, aseguró, no hubo conductas sexuales.
El religioso negó además que los sacerdotes que convivían en la misma casa parroquial mantuvieran relaciones homosexuales «de ningún tipo» y defendió que la carta al denunciante que firmó con un «te quiero mucho» se enmarcaba en el contexto «cristiano» de la palabra amor.
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A preguntas del abogado defensor, el acusado aseguró que «nunca, en absoluto», abusó del denunciante, le masturbó o pidió que le masturbara o le penetró, y mantuvo la misma respuesta negativa ante posibles abusos a otros jóvenes.
La Fiscalía imputa al religioso un delito de abuso sexual continuado, agravado por el resultado de acceso carnal, y solicita nueve años de prisión y una indemnización de 50.000 euros (53.000 dólares al cambio actual) al entonces menor por daño moral, entre otras medidas.
La acusación particular, ejercida por el joven denunciante de los abusos y supuesta víctima, le atribuye tres delitos de abuso sexual, con una petición de 26 años de prisión y una indemnización de 50.000 euros en concepto de responsabilidad civil por daño moral, entre otras medidas.
