Florida atraviesa un momento decisivo en materia migratoria tras la firma de dos nuevas leyes por parte del gobernador Ron DeSantis en 2025, en medio de la controversia generada por el escándalo de la Copa América y el aumento de la presión sobre la inmigración irregular en el estado.
Las leyes, conocidas como SB 4-C y SB 2-C, han sido catalogadas por expertos como las más estrictas del país y buscan reforzar el control sobre la inmigración y aumentar la colaboración entre las fuerzas del orden locales y las agencias federales.
Entre las medidas más relevantes, se establecen penas más severas para los inmigrantes sin estatus legal. Ingresar o reingresar a Florida tras haber eludido controles migratorios federales ahora es un delito estatal: la primera vez puede implicar hasta nueve meses de cárcel, y si hay reincidencia, la condena mínima sube a dos años de prisión.
En detalle
Además, delitos menores cometidos por indocumentados, como el hurto, pueden ser castigados hasta con cinco años de prisión y una multa de 5.000 dólares, mientras que para el resto de la población la pena máxima es de un año y una multa de 1.000 dólares.
Una de las disposiciones más polémicas es la imposición obligatoria de la pena de muerte para inmigrantes indocumentados condenados por delitos graves como asesinato en primer grado o violación de menores, sin necesidad de jurado.
La ley también obliga a todas las fuerzas de seguridad locales a colaborar con las agencias federales de inmigración, eliminando cualquier tipo de excepción y permitiendo operativos y redadas masivas.
El gobernador DeSantis ha defendido estas medidas argumentando que buscan proteger a las comunidades y disuadir la inmigración irregular. Sin embargo, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos advierten sobre el impacto negativo en los derechos civiles y el clima de temor que ya se percibe entre la comunidad migrante.
Florida se posiciona como el estado con la política migratoria más dura del país. Miles de personas podrían enfrentar la cárcel a partir de 2026 si no cumplen con las nuevas disposiciones, mientras el debate sobre la constitucionalidad y el impacto social de estas leyes continúa abierto.
