Dentro del gobierno de Mauricio Macri se desató un nuevo conflicto interno. La denominada «ala política» comenzó a protestar porque, luego de nueve meses de haber asumido el poder, varios organismos y programas nacionales diseminados en todo el país mantienen directores y estructuras de dirigentes y empleados kirchneristas e incluso de La Cámpora.
Según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales, el malestar obedece a que esas estructuras paralelas bloquean la gestión macrista. O, peor aún para ellos, favorecen a dirigentes locales del Frente para la Victoria (FPV), con miras a las elecciones legislativas de 2017, claves para la gobernabilidad futura.
Foto: Ricardo Pristupluk Además, plantearon que la Casa Rosada administra cientos de programas de recursos millonarios -no existen siquiera registros- que se transfieren a los gobernadores, en su mayoría del FPV. Pero estos sólo los distribuyen a intendentes y dirigentes locales peronistas.
Se da el caso paradójico, denuncian, de que muchos intendentes de Cambiemos de provincias gobernadas por el FPV no reciben fondos nacionales que gira Macri, a quien ayudaron a ganar en 2015, porque se los bloquean los gobernadores.
Los planteos provienen del «ala política», conformada por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. Ambos atienden los reclamos de dirigentes de Pro de todas las provincias.
También lo expuso Pablo Walter, director de Aysa y operador partidario en el Norte. Mantuvo una discusión sobre ello con el jefe del Gabinete, Marcos Peña, en una reunión del consejo nacional de Pro en San Juan, hace 10 días, revelada en el portal La Política Online y confirmada a LA NACION por una decena de fuentes oficiales.
Peña defendió la gestión y, según sus allegados, le contestó a Walter: «No somos lo mismo: no vinimos a hacer kirchnerismo, sino un cambio real». Ello implica, dijo, «no usar los cargos nacionales para hacer política; Macri ganó y ganará las elecciones sin aparato».
El ala política rescata la gestión nacional, pero critica la falta de criterio político. Pusieron en la mira a los ministros y responsables de las áreas con delegaciones en las provincias: la Anses, que dirige Emilio Basavilbaso; el PAMI, de Carlos Regazzoni, y los ministerios de Trabajo, de Jorge Triaca, y de Desarrollo Social, de Carolina Stanley.
La cartera laboral tiene oficinas de Empleo en todo el país que reciben millones de pesos de la Nación y son ejecutados por las provincias. Y la de Desarrollo Social tiene centros cuyos titulares son macristas, pero con estructuras kirchneristas o camporistas que trabajan en paralelo. «Los gobernadores del PJ ejecutan millones de pesos, que no vuelven a intendencias de Cambiemos y la usarán para las elecciones», dicen en Balcarce 50.
Cerca de Walter replican: «No queremos los cargos ni en hacer partidismo. Pero no podemos ser ingenuos y dejar que nuestros adversarios usen los fondos nacionales en contra nuestro, de cara a elecciones clave como las de 2017».
En la Casa Rosada confiaron a LA NACION que el mismo planteo había hecho hace un mes Monzó en Olivos, a solas, ante Macri, Peña y el asesor Jaime Durán Barba.
En el Gobierno ponen de relieve que las delegaciones de la Anses en todo el país son casi como municipios paralelos: antiguos directores regionales llegaron a intendentes: Walter Festa, en Moreno; Leonardo Nardini, en Malvinas Argentinas, y Juan Ustarroz, en Mercedes.
También observan que en la provincia de Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal distribuye recursos entre intendentes y organizaciones sociales kirchneristas, como el Movimiento Evita, de Emilio Pérsico, sin estricto control de la ejecución de los fondos y sin negociar nada a cambio.
«Si les damos recursos, al menos hay que poner la condición de que no nos tiren piedras, no pongan palos en la rueda ni conspiren», señalaron en el «ala política». En nombre de la paz social, muchos dirigentes locales de Cambiemos se sienten postergados, pese a que ayudaron en la campaña de 2015.
Incluso, municipios ultrakirchenristas como La Matanza, Avellaneda, Berazategui y Moreno fueron escenario de actos en los que se vaticinaba «la caída de Macri».
En La Plata admitieron que el intendente de Moreno, Festa, recibió un adelanto de fondos y en nueve meses elevó la planta de empleados, de 4000 a 4500 agentes. «Luego dirán que Macri no manda la plata para obras y la usan para las elecciones», señaló otro funcionario.
«El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, ex kirchnerista, habla ahora como si fuera tan macrista como «Pancho» Cabrera, pero sus ministros hacen declaraciones lapidarias contra Macri a la prensa tucumana: lo culpan de la pobreza y de la inflación», rezongó un dirigente de Pro. Por otra parte, Manzur relanzó días atrás el programa Ellas Hacen, de Desarrollo Social, con 5000 mujeres y sin ningún intendente de Cambiemos.
Con Información de: La Nacion
